Durante la mañana de este jueves 29 de abril, se presentó la denuncia realizada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por parte de el exjuez español Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), para que se inicie una investigación en contra Sebastián Piñera, por su presunta participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad, ocurridos desde octubre del 2019.
La denuncia tiene relación con las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país desde el estallido social. Por lo mismo, en dicha acusación se incluye a los generales directores de Carabineros y sus altos mandos, a los ministros del Interior y Seguridad Pública, a los ministros de Defensa Nacional y a los respectivos subsecretarios, que han pasado por los cargos mencionados, desde octubre de 2019 hasta la fecha.
Según el comunicado de las partes denunciantes, se detalla que, “Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”.
Añaden, “Los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos”.
El comunicado destaca que en nuestro país no se han investigado correctamente estos crímenes y que eso queda en evidencia en las miles de causas que se han cerrado sin encontrar responsables.
“(Los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley”. señalan.
Según lo consignado por Ciper Chile, la decisión de llevar a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales a esta instancia comenzó a gestarse en enero de 2020, durante la visita de Baltasar Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Cabe destacar que este proceso puede tardar años, incluso más de una década como ocurrió en el caso de Colombia.
