Agrupaciones animalistas buscan compromiso con el cuidado y el bienestar animal por parte de los candidatos presidenciales

La agrupación no gubernamental Animal Libre busca que los postulantes firmen el compromiso por los animales, sin embargo, hasta el momento solo un candidato lo ha hecho.

Imagen: Referencial.

El próximo domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, pese a que ya conocemos a los siete postulantes a la presidencia de Chile, los cuales ya presentaron sus propuestas, uno de los temas en palestra en la sociedad chilena es la protección animal, por lo que diversas agrupaciones animalistas buscan que los candidatos den su apoyo a esta causa.

Por lo mismo la agrupación no gubernamental Animal Libre, presente en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, busca que los candidatos presidenciales firmen un compromiso con los animales. Sin embargo, hasta el momento solo el candidato Marco Enríquez-Ominami(Partido Progresista) ha firmado este compromiso con esta y otras organizaciones animalistas, esperando que los demás se sumen a la iniciativa.

Animal libre a través de sus redes sociales dio a conocer que se reunieron con el candidato y detallan lo establecido en este compromiso, “el trabajo y la promoción de proyectos que prohíban y castiguen cualquier acto que involucre sufrimiento animal en beneficio de la entretención humana, tales como el rodeo, circos que involucran la participación de animales y carreras de galgos, entre otros.”

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Cabe mencionar que si bien el candidato Gabriel Boric (Convergencia social) no ha firmado el compromiso con estas organizaciones, tiene dentro de sus propuestas contemplar políticas medio ambientales y de los derechos animales.

En las bases programáticas entregadas al SERVEL por el postulante de Convergencia Social explica que, “construiremos consensos, políticos y sociales, que permitan impulsar cambios democráticos en el ámbito de la biodiversidad y bienestar animal. Por esta razón trabajaremos de la mano del mundo especialista y social para analizar y auditar la información ambiental disponible y el desempeño de las instituciones públicas, así también ratificar compromisos internacionales sobre acceso a la Justicia Ambiental”.