“Derecho a una vivienda digna”: Presentan primera propuesta para ser redactada en la nueva Constitución

Grupo de constitucionales ingresaron un documento con la propuesta denominada "Derecho a una vivienda digna para los chilenos". A su vez, solicitaron que la mesa analice el mérito del texto, para así comenzar su tramitación.

Este miércoles 10 de noviembre, la Convención Constitucional ingresó la primera propuesta para ser redactada en la Carta Magna de la nueva Constitución, la cual debe ser redactada por los constitucionales. Se trata sobre el “Derecho a una vivienda digna para los chilenos”.

En este sentido, quienes impulsaron esta necesaria propuesta fueron los constituyentes Roberto Vega, Paulina Veloso, Angélica Tepper, Álvaro Jofré, Adriana Cancino, Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón, Helmuth Martínez y Geoconda Navarrete.

Dicho esto, según lo relatado en el texto de la propuesta, esta propone incorporar que “los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

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Además también expresaron que las políticas de viviendas, a nivel nacional, deben ser con criterios de integración. A su vez, el texto también indica que deberán ser acorde a las distintas realidades de las comunas y provincias a lo largo del país. “Es deber del Estado, adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”, enfatizaron.

Esta propuesta es de gran importancia para todos los ciudadanos de Chile, pues el sueño de la casa propia, en la actualidad, es algo muy difícil de lograr, debido a que no solo el costo de una vivienda es muy elevado, sino que también las tasas hipotecarias van el alza, lo que dificulta aún más la situación.

Por esta razón, quienes proyectaron esta propuesta indicaron que “la construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización”.

Finalmente, en cuanto al mal uso de recursos gubernamentales, ya sea de las inmobiliarias o constructoras, el texto explica que “será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley”. De esta forma el organismo deberá analizar la propuesta y eventualmente comenzar su tramitación.