En la sesión del pasado sábado 11 de noviembre, el Poder Judicial de Perú abrió un proceso penal en contra de Alberto Fujimori y contra otros ex funcionarios de su gobierno por el caso de “Esterilizaciones forzadas” durante su mandato en el país.
La medida fue dictaminada por el juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Rafael Martínez, quien ha decidido investigar en sede judicial a Fujimori, quien estuvo al mando del gobierno peruano entre los años 1990 y 2000, además incluyó también a los exministros Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer, Ulises Aguilar y Alejandro Aguinaga (actual congresista del partido fujimorista Fuerza Popular), como autores mediados del delito contra la vida, el cuerpo y salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación a los derechos humanos.
En esta sesión el juez Martínez, leyó los más de 1.300 nombres de mujeres víctimas de esta práctica, en su mayoría pobres e indígenas, a las cuales se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad, un hecho histórico, puesto que este es el primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas.
Las que llevan 25 años a la espera de que se juzgue este proceso, tras un largo recorrido en la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, la cual comenzó el 14 de septiembre, y que finalmente develó el fallo.
Para iniciar el proceso contra el ex dictador de extrema derecha será necesario que la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre la ampliación de los cargos de extradición que fue aprobada en 2005, tras lo cual el juez ordenó la suspensión de este proceso y dio un plazo de 120 días para las respectivas diligencias.
Cabe destacar, que, según la denuncia fiscal, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la taza de natalidad.
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron entre los años 1996 y 2000, durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y planificación Familiar, en el que se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), las cuales eran ligaduras de trompas y vasectomías.
En este periodo se esterilizó a cerca de 300.000 personas, entre las cuales se encontraban más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Sin embargo, actualmente más de 8.000 testimonios conforman el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, pero un poco más de 2.000 víctimas son las que han presentado una denuncia formal.
Además, el padre de Keiko Fujimori ya cumple una condena d 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrados por el grupo militar encubierto Colina.
