El Gobierno de Chile lanzó este lunes un plan piloto para agilizar la localización de los cientos de víctimas de adopciones ilegales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran tanto en territorio nacional como en el extranjero, para favorecer el reencuentro con sus familias.
La estrategia busca favorecer la reunificación de las familias y contribuir a esclarecer las irregularidades en alrededor de 700 adopciones ilegales que investiga el Poder Judicial, según la fuente. La iniciativa, que estará a prueba durante un año, ofrecerá acompañamiento a las familias, facilitará el acceso a toma de muestras de ADN de las presuntas víctimas -aunque se encuentren en el extranjero- y tratará de colaborar con procesos informáticos y económicos.
Este plan se suma a la investigación judicial que se abrió en 2018 para indagar una supuesta red de adopciones ilegales de niñas y niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad durante la dictadura de Pinochet. Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014 y a la fecha se investigan más de 700 casos, aunque el magistrado Mario Carroza -que encabezó el proceso- aseguró que el número de víctimas bajo escrutinio podría llegar a 20.000.
“Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana”, dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
No obstante, la ONG Hijos y Madres del Silencio afirmó que el plan no es suficiente y reclamó “el otorgamiento de mayores recursos al Poder Judicial para el avance de las causas”, así como la creación una comisión para poder cuantificar las víctimas de adopciones ilegales.