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Miércoles 25 de Mayo del 2022 17:28

Convención: Comisión aprueba que los condenados por corrupción, violencia intrafamiliar y delitos sexuales no puedan ocupar cargos públicos

"No podrán optar a cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar”, indica el artículo aprobado por la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, para ser votado por el pleno e incorporado a la Nueva Constitución.

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La comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó la prohibición para ejercer cargos públicos y de elección popular a quienes sean condenados o condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

“No podrán optar a cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar en sede penal”, indica el artículo.

Esta norma fue patrocinado por las convencionales Bárbara Sepúlveda, Francisca Arauna, Constanza Schonhaut, Alondra Carrillo, Alejandra Flores y Patricia Politzer.

La constituyente Ingrid Villena celebró el avance de la norma y aprovechó para hacer un análisis de lo que implica.

En su cuenta en Twitter escribió: “La política es bastante sucia, pero no por eso tenemos que seguir normalizando conductas. Hay pequeños gestos que hacen grandes cambios sociales, como votar a favor de la inhabilidad para violencia intrafamiliar y agresores sexuales para futuros cargos políticos. Faltó el no pago por pensión de alimentos”.

La iniciativa luego debe ser ratificada por el pleno de la Convención Constitucional mediante votación, para quedar incorporado al texto de la Nueva Constitución, que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

Si se aprueba la Nueva Constitución, esta norma puede pasar a ser realidad y parte integral de la carta magna del país. Por el contrario, si se rechaza, se mantendría vigente la actual constitución, que data 1980, la cual permite que los condenados por estos delitos puedan seguir ocupando cargos públicos.

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