Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó que desde el 2002 a la fecha un total de 2.470 personas han denunciado abusos en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de los cuales 32 corresponden a crímenes de odio.
La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que solo en 2023 se conoció de 208 atropellos lesbo/transfóbicos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans, “manteniéndose la criticable tendencia de que el Estado apenas intervino para ayudar a las víctimas o para contribuir a hacer justicia”.
En efecto, del total de abusos conocidos en 2023, “los movimientos de la diversidad sexual brindaron ayuda en el 93% de los casos, mientras que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género apenas intervino en el 9%”.
“Insistimos, una vez más, en la necesidad de que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género implemente una Política Nacional y Transversal que se haga de la realidad de las mujeres diversas. Este es un compromiso que asumió el Estado en 2016 en un Acuerdo de Solución Amistosa que firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que si bien fue avanzando en su cumplimiento en los primeros años, hoy está estancado”, dijo Zúñiga.
La dirigente precisó que los abusos conocidos desde el 2002 a la fecha abarcan “discriminaciones en los espacios laborales, educacionales, familiares e institucionales, pues entidades públicas y privadas han sido responsables de los atropellos. El caso más reciente es el de una pareja lésbica a la la cual el Hospital Sótero del Río le negó el acceso a un programa de fertilización asistida con la excusa de que tal derecho era solo aplicable a heterosexuales. Y al respecto, la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nuevamente guardó silencio”.
“Al 2024 el Estado debe comprender que todas las mujeres, sean cual sea su orientación sexual, identidad o expresión de género, merecen protección y ayuda frente a lo abusos, así como medidas para sancionar a los responsables de los atropellos y para prevenir la reedición de actos que dañan los derechos humanos”, finalizó Zúñiga.
