El Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005 bajo la Ley 20.027 durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue diseñado para permitir a estudiantes de bajos recursos económicos acceder a la educación superior.
Inicialmente aclamado como una puerta al progreso, el CAE ha generado polémica y problemas estructurales que han llevado al gobierno a considerar su condonación y el eventual cambio del sistema para solucionar sus fallas.
Todo se remonta al año 1981, cuando se eliminó la gratuidad en la educación superior en Chile.
El CAE fue presentado originalmente como una solución para que estudiantes de sectores socioeconómicos menos favorecidos pudieran financiar sus carreras universitarias en instituciones tanto públicas como privadas.
El crédito permitía cubrir desde $200,000 hasta la totalidad del arancel, facilitando así el acceso a la educación superior. Sin embargo, con una tasa de interés inicial del 5.8%—que posteriormente fue reducida al 2% en 2011 durante la primera administración de Sebastián Piñera—muchos estudiantes se encontraron atrapados en una espiral de deuda.
Durante años, una combinación de sueldos bajos y altos intereses impidió que miles de estudiantes pudieran pagar sus deudas, perpetuando un ciclo de endeudamiento que para muchos se extendió por décadas.
Adicionalmente, el modelo de financiamiento ha sido crítico para las arcas del fisco, ya que los bancos encargados de prestar los fondos al Estado exigían altos porcentajes de retorno, complicando aún más la sustentabilidad del sistema.
A pesar de las reformas, como la implementada por Michelle Bachelet en su segundo mandato, que buscaban aligerar la carga de los deudores modificando las condiciones y modalidades de pago, el sistema no logró rectificar su rumbo.
Hasta la fecha, se estima que la deuda acumulada por créditos del CAE supera los 11,000 millones de dólares, constituyendo más del 3% del PIB nacional.
Hoy en día, con más de 1.1 millones de estudiantes habiendo solicitado el CAE desde su incorporación, apenas el 2.4% ha logrado cancelar su deuda en su totalidad.
Más alarmante aún, más de la mitad de los deudores se encuentran en mora, lo que no solo incrementa sus intereses sino que conlleva graves perjuicios financieros para el Estado.
Ante esta panorámica, el Gobierno del Presidente Boric planea no solo condonar las deudas del CAE, sino también abolir este modelo de crédito. El objetivo sería reemplazarlo por un sistema transitorio que eventualmente conducirá a la gratuidad universitaria en el futuro.
Esta decisión difícil refleja un esfuerzo por rectificar los desafíos estructurales del sistema de financiamiento educativo, y podría representar un cambio significativo en cómo Chile aborda la educación superior.
Quedan muchos detalles por definir, y el panorama es todavía incierto, pero el cambio parece ser tanto necesario como inminente, con la esperanza de que futuras generaciones puedan acceder a la educación superior bajo condiciones más justas y sostenibles.