El pasado 29 y 30 de octubre se dio a conocer la muerte de dos ballenas jorobadas al interior de lugares protegidos del sur de Chile. Los decesos se registraron en el Parque Nacional San Rafael y en la Reserva Nacional Kawésqar, lo que llevó a Greenpeace y comunidades locales a interponer dos querellas criminales por la gravedad de estos hechos.
Según señaló Greenpeace, ambas denuncias fueron declaradas admisibles, lo que significa que se inicia su tramitación e investigación para dar con los responsables que terminó con la muerte de estos dos ejemplares. “Esta acción legal representa un hito en materia de persecución de delitos contra la naturaleza, al utilizar la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, y su modificación al Código Penal para sancionar este tipo de infracciones al interior de áreas protegidas”, expresaron.
Agregando que, debido a la gravedad de los casos, se considera imprescindible hacer uso de las herramientas de protección ambiental disponibles en la legislación, con fin de conocer las causas e identificar a los culpables de estas muertes y con ello, evitar nuevas pérdidas.
Por otro lado, esperan que, con dicha investigación, la justicia actúe con celeridad y curse penas y multas ejemplificadoras. Finalmente, desde la organización ecologista reforzaron la importancia de avanzar en métodos efectivos para proteger la biodiversidad marina, indicando que “para proteger de manera efectiva a estas especies, es crucial detener la expansión de la industria salmonera en ecosistemas altamente sensibles”.