Antes de un mes será entregado el pronunciamiento solicitado por el Sindicato de Minera Escondida a la autoridad laboral para clarificar la aplicación del D.S. 28 que regula el trabajo en altura geográfica. Así lo informó el director nacional del Trabajo, Christian Melis, quien se reunió en Antofagasta con el directorio de la organización sindical.
Melis acudió a la sede del Sindicato de Minera Escondida para sostener una reunión con el directorio de esa entidad y representantes sindicales de las empresas contratistas que laboran en las faenas de la transnacional.
“Tratamos varios temas, pero en lo relativo al pronunciamiento jurídico sobre el trabajo en altura, informamos a los dirigentes que estamos elaborando la respuesta para ese dictamen, y esperamos en un mes más tener listo el pronunciamiento sobre el particular”, dijo Melis.
Pese a que no existe un registro a nivel nacional, la autoridad reconoció que el número de trabajadores imposibilitados de subir a faenas sigue subiendo.
“Esto ha ido creciendo, y a la petición del Sindicato de Minera Escondida se han ido sumando otras organizaciones sindicales y también empresas. Paulatinamente se va observando un mayor número de trabajadores que no pueden subir por la aplicación del D.S. 28 y entonces se da la problemática de dónde reubicarlos y –lo que es muy importante-, en qué condiciones”, aseguró.
Melis confirmó además la conformación de una mesa de trabajo para abordar ese y otros temas como las enfermedades profesionales en minería.
Junto con agradecer la visita del director nacional del Trabajo, el vocero del Sindicato de Minera Escondida, Roberto Arriagada, aseguró que “es relevante que por fin la autoridad tome este tema con seriedad y asuma la representatividad de los trabajadores para construir una normativa legal que beneficie efectivamente a quienes laboran sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar”.
Asimismo, Arriagada agregó que pidieron a la autoridad pronta respuesta a la denuncia sobre presiones en contra de funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo; resultados por las fiscalizaciones y multas a Escondida por su negativa a implementar un registro de asistencia válido y a entregar vacaciones a sus trabajadores; y sobre la forma en que se está pagando el Incentivo de Seguridad trimestral a los trabajadores contratistas.
Respecto de los pasos a seguir por las organizaciones sindicales en al caso que el pronunciamiento no cumpla con sus expectativas, Arriagada sostuvo que “además de las acciones que históricamente han tenido los trabajadores para hacer valer sus derechos, tenemos la opción de recurrir a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y pedir un pronunciamiento contra el Estado chileno que no está asegurando la salud, vida e integridad de quienes se desempeñan en altura geográfica”, finalizó Arriagada.
