Estos son los requisitos para la educación gratuita el 2016

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El Gobierno dio a conocer que a partir del 2016 una gran cantidad de estudiantes contarán con el acceso a la gratuidad en educación superior, siendo este uno de los grandes compromisos propuestos por Michelle Bachelet durante el último cónclave de la Nueva Mayoría.

Sin embargo, existe parte del alumnado que tendrá que arreglárselas para financiar su educación, considerando que no todas las instituciones serán gratuitas, de hecho, aunque cumplan con los requisitos propuestos, no todos sus estudiantes se librarán de los aranceles.

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Como fue anunciado por la Presidenta, sólo los que pertenezcan al 50% más vulnerable de la población pueden beneficiarse con la iniciativa, siempre y cuando sean alumnos regulares de los establecimientos seleccionados.

Al principio la medida sólo beneficiaría a las universidades que estén dentro del Consejo de Rectores (CRUCh), pero como mencionamos anteriormente, Bachelet ratificó esta decisión y dijo que la iniciativa se extenderá también a las Ues privadas, Institutos Profesionales, centros de formación técnica (CFT) u otras instituciones que cumplan las condiciones anunciadas.

El plan es que la gratuidad se aplique gradualmente, de hecho todavía se están afinando detalles y procesos que validen la implementación de este proyecto, por eso aún no se puede descartar la posibilidad de variación en los requisitos para las universidades que deseen adherirse al programa.

Según lo presentado por el Mineduc, quienes quieran acceder a la gratuidad el próximo año deben, primero que todo, pertenecer a los quintiles socioeconómicos más vulnerables de la población. De esta manera se clasifican las familias por medio de sus ingresos y en este caso, los cinco primeros deciles abarcan a grupos familiares con un ingreso entre $0 y $154 mil 166 per cápita al mes.

Además, los beneficiarios deberán estar matriculados en una carrera de pregrado que tenga modalidad presencial en cualquier año/curso. Por otra parte, todas las becas de mantención y/o alimentación, seguirán vigentes para los alumnos que cumplan las cláusulas exigidas por las entidades que entregan la ayuda.

Las becas de arancel continúan disponibles para los estudiantes matriculados en instituciones acreditadas no elegibles en materia de gratuidad o que pertenezcan al sexto y séptimo decil de los planteles seleccionables.

Las Ues privadas que no estén en el CRUCh, pero que desean acceder a la gratuidad para el 50% de sus estudiantes más vulnerables, deberán estar acreditadas por cuatro años o más, no tener integrantes de la corporación o fundación universitaria sociedades comerciales con fines de lucro, y considerar tener a representantes en sus estamentos estudiantil y/o funcionario a algún órgano de gobierno superior del plantel, de acuerdo con sus estatutos.

En el caso de los Institutos profesionales (IP) y los centros de formación técnica (CFT), serán elegibles aquellos que estén acreditados y tengan una personalidad jurídica sin fines de lucro. El Mineduc no ha dado a conocer los nombres ni de las privadas ni el número de IPs o CFTs que se sumarán a la medida, pero según un estudio de mayo 2014, hasta ahora, de los 71 establecimientos (IP y CFT) sólo 8 cumplen con las exigencias dispuestas por el organismo.

Existe un número fijo de instituciones que entrarán en la gratuidad, por ahora todas las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores son elegibles para optar al beneficio, obviando la condición principal de estar entre el 50% más pobre.

El Estado se encuentra en una posición de optar por conceder gratuidad sin un marco regulatorio para el sector privado, en otras palabras, está introduciendo dinero en un saco sin fondo. En el caso de las Ues privadas, deberían avanzar en Democratización, triestamentalidad y transparencia, donde los actores sociales sean los que están al centro, porque de esa manera la educación de mercado quedará finiquitada. El cambio paradigmático y estructural de los sistemas educativos debe ser un objetivo común, sin que se opaque por las ganas de inyectar plata a los sistemas que aumentan la desigualdad.

Catalina Hernández – El Ciudadano