Durante el transcurso de la semana recién pasada, la diputada DC de la Región de Magallanes, Carolina Goic, anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca terminar con los abusos por parte de las autoridades de algunos centros de educación, ya sea superior o secundaria, hacia sus respectivos dirigentes estudiantiles.
El proyecto pretende proteger los derechos de los dirigentes estudiantiles mediante un fuero que les permita compatibilizar sus actividades como representantes de la voz de sus pares y sus responsabilidades como estudiantes.
De esta forma a los estudiantes no se le podrán “aplicar medidas disciplinarias por motivo de su actividad como dirigentes, es decir, que sean expulsados por participar en una marcha o por defender a otro estudiante”, señaló la diputada.
Goic puntualizó, además, que la iniciativa “no busca amparar casos en que se haya cometido delitos o se haya destruido colegios”, sino que beneficiaría a “jóvenes de la educación media, superior privada o pública que quieren ser activos en su establecimiento educacional y representar a sus compañeros”, añadió.
La iniciativa, que busca asimilar este hecho a aquel que actualmente poseen dirigentes sindicales que sí poseen un fuero para representar los intereses de los trabajadores, fue suscrita, además, por los parlamentarios René Saffirio, Fuad Chahín, Matías Walker, Víctor Torres, Mario Venegas y Gabriel Ascencio.
ESTUDIANTES AMENAZADOS
El proyecto de ley que busca otorgar un fuero a los dirigentes estudiantiles busca frenar y poner en la ilegalidad situaciones que se han repetido en diversos puntos del país con motivo del movimiento social-estudiantil.
Entre varias otras, la vivida, en junio pasado, por la estudiante de Cuarto Año Medio, Lorena Mussa, del Colegio Alemán de Arica quien fue por la sostenedora de dicho establecimiento, Luz Marina Osorio, por convocar a sus compañeros a una asamblea para discutir el petitorio nacional a comienzos de la histórica movilización que hoy vivimos.
O la situación vivida por 23 estudiantes de Punta Arenas que fueron expulsados de su establecimiento por haber participado de la toma del Colegio Punta Arenas, quienes, sin embargo, debieron ser reintegrados al plantel educativo por mandato de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
