Los vicios de una Ley “reservada” sólo para unos pocos

Se puede comprar un tanque, repuestos para este material de guerra, y se puede construir el equipamiento que resguarde el material, otorgándole el secretismo con el cual se manejan las fuerzas armadas, amparadas en la seguridad nacional. No se puede saber quiénes gestionaron la venta, quien salió beneficiado, porque siempre los hay, tampoco se puede saber qué país vendió el equipamiento.


He decidido alejarme esta semana de la coyuntura del país para centrarme en una noticia, una denuncia en el mejor de los casos, realizada el año pasado desde el sitio de información “CiperChile” y que ha sido debatida en distintos medios de comunicación electrónicos como en foros y debates por mucho tiempo, me refiero a la conocida “Ley reservada del Cobre”.

La denuncia apunta al gasto excesivo por parte de las FF.AA, específicamente la Fach y el Ejército, en la construcción de dos edificios de gran envergadura durante la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, sin embargo, el alto costo económico que implicó la construcción de los edificios, y la compra de otros elementos que no guardan relación con lo que la ley estipula en cuánto a qué comprar con los excedentes del cobre, es sólo la punta de un iceberg que se ha mantenido por mucho tiempo en silencio, protegido, amparado en la legalidad por décadas y resguardado por guardianes que han demostrado a lo largo de la Historia en Chile, que cuándo sus intereses se han visto amenazados, la política ha sufrido fuertes inflexiones y la sociedad lo ha pagado caro.

Haciendo algo de historia

Recordemos que la “Ley reservada del Cobre” nace en el año 1958 bajo el mandato Presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, la Ley Reservada estipulaba en aquella época un impuesto del 15% de las utilidades finales del Cobre chileno, cuyo objetivo era, el aseguramiento mínimo de recursos para que las FF.AA. adquieran armamento, independiente de la contingencia política.

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Un dato no menor, es que el contenido de la normativa, al poseer carácter de reservado, sólo fue publicado en una edición restringida del Diario Oficial.

Durante el mandato del Presidente Eduardo Frei Montalva, se fijó que el aporte sería de un 3%, mientras que bajo la dictadura, la normativa fue modificada por última vez, en el año 1987, estableciéndose “la entrega de 10% del total de las ventas de cobre al extranjero y sus subproductos por parte de Codelco, fijándose un monto mínimo de 180 millones de dólares. Si no se alcanza a cumplir dicha cifra, el Fisco debe asumir la diferencia.”[1]

El órgano encargado de administrar los gastos es el Consudena, mientras que las platas son repartidas de manera igualitaria entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estas tres instituciones, de manera separada elaboran un proyecto que contiene el listado de instrumentos, material bélico y equipamiento militar, que en última instancia es aprobado por el Presidente de la República.

¿Falta de transparencia?

Lo interesante de la Ley reservada del Cobre, es que le otorga un alto margen de libertad a las Fuerzas Armadas en el sentido de compra y venta, puesto que no se rigen bajo los mismos conceptos de manejo de recursos fiscales, tal como lo hacen todas las instituciones públicas del Estado, además de no someterse a ningún tipo de debate en el Congreso, ya que, no se incluye dentro del presupuesto de la Nación de cada año.

Sin embargo, lo más cuestionado y discutido de la Ley, es que la compra de armamento varía de acuerdo al precio del cobre, puesto que se genera una dependencia por parte de las FF.AA. con el precio del metal. Y suponiendo que el precio del Cobre siga creciendo (como lo ha estado haciendo desde los últimos 5 años) estaríamos ante un aumento disparado en la compra de armamento, lo cual sobrepasaría el límite de lo necesario para el país en temas de seguridad. Esto no es menor, ya que, esta proporcionalidad no guarda margen de comprobación para la ciudadanía, al mantenerse todo en secreto y confidencialidad dentro de la elite militar.

En términos prácticos, el gasto de las fuerzas armadas debiese  verse materializado, y en este sentido, obligatoriamente tenemos que analizar el caso de la fatídica noche del 27 de Febrero, ya que, ese día en particular quedó demostrada la falacia que nos hicieron creer por mucho tiempo. Esa falacia de unas Fuerzas Armadas modernizadas, pequeña pero eficiente, capaces de actuar bajo circunstancias de importante dificultad. Sin embargo, lo que observamos, fue una confusión total, quedó al descubierto la precaria capacidad tecnológica de los aparatos de comunicación, una falta de logística inaceptable. ¿Cómo es posible que ante una emergencia, en este caso un terremoto 8.8 las fuerzas armadas no tengan equipamiento de reserva, como radios de alta frecuencia para poder comunicarse cuando la luz se corta? Es noche, reinó una confusión en las grandes esferas políticas y militares, descoordinación y falta de un plan b, carencias de material equipado con medios y canales de comunicación alternativos y constantes.

Entonces, no todo es compra de tanques y aviones, no todo son grandes edificios con oficinas equipadas con aire acondicionado, butacas de cuero, sino que, también es de importancia vital, invertir en comunicación, en el desarrollo de planes de respuesta frente a catástrofes, en el trazamiento de operaciones logísticas capaces de atenerse de la forma más rápida a una adversidad de gran envergadura.

Casos emblemáticos

Importación de muebles de rattán por medio de la Fach para uso personal (Fernando Rojas Vender, comandante en jefe de la Fuerza Aérea); construcción de mansión en Lo Curro (Augusto Pinochet); casa de 1 millón de dólares con: pieza de servicio con baño, sala de lavado y planchado, living separado del comedor, comedor principal y comedor de diario, piscina, sala de estar distinta del living, jardín con sistema de riego automático, sistema de calefacción central, entre otras (Nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Cristián Le Dantec), entre muchos otros.

A esta vasta lista se le puede sumar ahora, lo que gatilló esta columna: la construcción y habitación de sendos edificios de la Fuerza Aérea y el Ejército, con una inversión total de US$ 95 millones, además de 300 millones de pesos para la refacción de cuatro pisos en donde se ubicarán las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa.

La controversia se da por el excesivo gasto que implicó la construcción del edificio de la Fuerza Aérea: Delphos, y el edificio Bicentenario del Ejército de Chile. Tareas encomendadas por Michelle Bachelet al entonces Ministro de Defensa José Goñi, y posteriormente a su sucesor, Francisco Vidal.

Según la ley Reservada del Cobre, el uso de los excedentes del metal rojo, solo pueden ser utilizadas para la compra, mantención y protección del material bélico, bajo un hermetismo en cuanto a las transacciones económicas llevadas a cabo, confidencialidad de proveedores si así se desea, etc.

Es decir, en palabras simples, se puede comprar un tanque, repuestos para este material de guerra, y se puede construir el equipamiento que resguarde el material, otorgándole el secretismo con el cual se manejan las fuerzas armadas, amparadas en la seguridad nacional. No se puede saber quiénes gestionaron la venta, quien salió beneficiado, porque siempre los hay, tampoco se puede saber qué país vendió el equipamiento. Sin embargo, lo importante es que bajo ninguna circunstancia, los dineros del 10% del Cobre pueden ser empleados para la construcción, o refacción de oficinas administrativas, por más que estas estén vinculadas con el Ministerio de Defensa o con las Fuerzas Armadas. Y he ahí el problema, puesto que el Consudena (organismo que se encargaba hasta hace un tiempo atrás de administrar las platas del Cobre) interpretó que parecía pertinente usar los recursos del 10% para la construcción y refacción de oficinas, las cuales cuentan con sistema de última generación, mientras que para la oficina del Ministerio de Defensa se gastó dinero en instalaciones de alfombras, cerámicas, topes de puerta, urinarios, guardapolvos[2]

Cabe entonces preguntarse ¿Qué tienen que ver estos implementos con la compra de armamento? Peor aún si consideramos que actualmente el presupuesto para la compra de material bélico es secreto y holgado, inexistente de fiscalización y transparencia. Entonces ¿Es tiempo de derogar la Ley del Cobre en Chile de una vez por todas?

¿En dónde estamos ahora?: El proyecto Bachelet-Vidal vs. Proyecto Piñera-Allamand

Se puede decir que de cierta forma, algo se ha intentado realizar para modificar esta ley, tanto desde la Concertación como desde el oficialismo.

El primer intento, por parte del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet ingresó al Congreso el martes 15 de septiembre de 2009 (Boletín N. 6701-02)[3] sin urgencia, a la cámara de Diputados. Lamentablemente al proyecto solo se le dedicaron tres sesiones en la Honorable Cámara de Diputados: el 15 de septiembre, día que ingresó al Congreso, pasando a Comisión de Defensa Nacional, para luego el 15 de diciembre contar que se hacía presente la urgencia “Simple”, y finalmente el 20 de enero de 2010 cuenta del mensaje que retira la urgencia simple del proyecto, pasando al total olvido.

Un dato no menor, es que en el año 2004 la OCDE elaboró un informe que lleva el nombre de “Budgeting in Chile”, en el cuál se subrayan las virtudes de la administración financiera en Chile, con una pequeña salvedad: se calificó como “altamente inapropiado” el altísimo presupuesto militar. Esta fue una de las razones que motivo a la Administración Bachelet, moverse en búsqueda de una modificación a la Ley.

Pero en términos concretos ¿Qué proponía la administración Bachelet para la derogación de la ley reservada del cobre?

La derogación de la ley llevaba por nombre: Proyecto de Ley que establece un nuevo sistema de financiamiento de la defensa nacional, y proponía a grandes rasgos, lo siguiente:

Asesoramiento del Ministerio de Defensa en la planificación del desarrollo de capacidades estratégicas con la consulta previa de los altos mando de las FF.AA. por doce años, actualizada y aprobada cada cuatro por el Pdte. De la República

Elaboración de respectivos proyectos presupuestarios anuales por las Fuerzas Armadas, con un horizonte de cuatro años

Creación de un fondo de Contingencia para contar con recursos adicionales en caso de emergencias.

Control de gastos reservados, rendición de cuentas al Contralor, justificación de gastos

El segundo intento por derogar la ley reservada del Cobre, proviene desde el gobierno de Sebastián Piñera enmarcado dentro de las promesa de Gobierno. El proyecto ingresó al Congreso el viernes 20 de mayo de 2011 a la Cámara de diputados (7678-02), sin urgencia y se han celebrado seis sesiones legislativas, todas dentro de la comisión de Defensa Nacional. La última sesión responde al día 6 de marzo de 2012, donde se retiran la urgencias por el receso legislativo, y aguarda el primer informe de comisión de Hacienda.

El proyecto actual del gobierno de Sebastián Piñera lleva por nombre: Establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, con las siguientes propuestas a grandes rasgos:

Distingue entre el financiamiento de las actividades generales y el financiamiento de capacidades estratégicas. Para las primeras mantiene un financiamiento anual en el, Presupuesto de la Nación que hoy existe. Para las segundas, el financiamiento estará compuesto por un presupuesto de cuatro años.

Configura el establecimiento de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa Nacional con proyección a doce años, esta estrategia debe contener la definición de las capacidades estratégicas y será revisada durante el primer año de mandato del Presidente de la República  y actualizada cuanto estime conveniente para cumplir los doce años

Presupuesto de cuatro años una vez aprobada la ley, luego en la discusión presupuestaria de los siguientes años, debe agregarse un año más al presupuesto para mantener el tiempo de cuatro años en el horizonte

Fondo de Contingencia, constituido por saldos existentes de Ley reservada del Cobre, aporte fiscal o reembolso presupuestario de montos que se hayan usado en el fondo, todo esto para contar con recursos en caso de situaciones excepcionales como catástrofes, guerra o crisis. Y regulado por los Ministerios de Hacienda y Defensa

En síntesis, se puede analizar que la fórmula varía entre un proyecto y otro, principalmente en los años y el tipo de presupuesto, o en la Estrategia Nacional, que parece ser uno de los puntos fuertes del proyecto de Ley de Piñera. Sin embargo, la cuestión de fondo, la discusión se distorsiona, perdiendo de vista lo más importante: el excesivo gasto, pero aún en tiempos en dónde la economía mundial muestra signos de incertidumbre y dentro de la política doméstica, existen varios grupos ciudadanos como los estudiantes, Aysén, Calama, Magallanes, etc. Que piden a gritos un cambio en la estructura, o una repartición más equitativa de los recursos, pareciera ser que el gasto monumental de las Fuerzas Armadas no cuaja bien dentro de las prioridades.

Es por eso que el llamado, es a alertarse, y tomar conciencia del tremendo dineral que históricamente se ha despilfarrado desde las cúpulas castrenses, y como ciudadanía empoderada, debiésemos integrar dentro de petitorios, la eliminación de esta Ley injusta para los chilenos.

Finalmente, parece alarmante, la escasa voluntad política por parte de los Parlamentarios para modificar la ley reservada, es por eso, que no conviene esperanzarse con este proyecto del Presidente Piñera, puesto que Bachelet no cumplió, y la clase política dio muestra de una lentitud para legislar sobre un tema tan delicado. ¿Razones? El lobby, el tráfico de influencia, pero principalmente, es una seña de que aún vivimos bajo la sombra de la influencia de una elite militar que se resigna a perder los beneficios con los cuáles han gozado y les fueron asegurados durante la Dictadura. De esta manera, esperanzas no hay muchas, la historia lo demostró una vez, esperemos no sufrir de un deja vu colectivo que nos descoloque y termine por cimentar la voluntad, entrega e interés de algunos por hacer de Chile un país más justo.

En base a todo esto, es oportuno hacerse la siguiente pregunta, y con esto termino ¿Será posible que la elite política resista el amiguismo, los recados, las presiones, el lobby y la tentación y tenga el atrevimiento de sacar adelante un proyecto que podría beneficiar al país? Solo el tiempo lo dirá


[1] Extraído de la Biblioteca del Congreso Nacional. Jueves 08 de marzo de 2012 http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/ley-reservada-cobre

[3] Con número de Boletín N. 6701-02 es posible buscar y confirmar la información en página del Senado:

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php

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