¿Cuál es el grado de profesionalismo existente dentro de Carabineros y la FACh?

 ¿Es posible entender que un piloto de 25 años tenga la experiencia suficiente como para ser catalogado de “experto”? O un policía de 24 años ¿Posee el temple necesario como para desempeñar arriesgadas labores de vigilancia infiltrada?

Han sido semanas negras para el cuerpo de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, específicamente para la FACh. Tres muertes de funcionarios policiales; El primero es un Sargento caído en servicio en la localidad de Ercilla, Región de la Araucanía, mientras se realizaba un allanamiento en la comunidad Wente Winkul Mapu; el segundo, herido de muerte en un controversial encuentro entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, con declaraciones y acusaciones cruzadas, un sinnúmero de teorías y declaraciones, mientras la gran pregunta sigue rondando ¿Quién disparó primero?

Estamos presenciando un choque de dos fuerzas policiales que corren de forma paralela jugándose el respaldo ciudadano y político, protegiéndose de cualquier escándalo que pueda afectar la imagen de la institución; mientras que el tercer hecho que enluta a Carabineros es la confusa muerte del cabo Luis Vera, muerto por otro funcionario de la Institución en la comisaría de Chañaral, mientras manipulaba su arma, escapó una bala que hirió a Vera en la cabeza, el cual murió posteriormente en el hospital de Copiapó

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De forma simultánea a estos desagradables sucesos, el pasado lunes nos enteramos que la FACh al parecer resguarda a sus hombres bajo el alero de la “legalidad” militar, utilizando el concepto de “Secreto Militar” para proteger la imagen de la institución en el marco de la investigación sobre el accidente del Casa 212 en Juan Fernández, el cual costó la vida de 21 personas. Esto llamó rápidamente la atención de los medios, ya que, el impacto de la tragedia en la sociedad caló hondo, al tener entre sus víctimas al animador Felipe Camiroaga, equipo del canal TVN, y un empresario, justamente cuñado del Ministro Andrés Allamand, el cual protagonizó el rescate y ahora sigue de cerca la investigación que intenta dilucidar responsabilidades.

Indudablemente, la imagen de la FACh se ha visto expuesta de manera negativa, al quedar en evidencia pruebas que demuestran la baja calificación del piloto, el caso de Juan Pablo Mallea y la poca experiencia de Carolina Fernández para pilotear un vuelo de esa envergadura; una advertencia al recambio de repuestos en los aviones Casa 212 hecha el año 2002, la cual fue ignorada por la institución; el hermetismo de la FACh en relación a fallas logísticas y de planificación, como combustible, chequeo del avión, etc. Sumado a esto, existe un hecho muy contraproducente, y es que parece totalmente reprochable que la FACh vaya a investigarse y posteriormente sancionarse a sí misma, convirtiéndose en juez y parte.

Al analizar los hechos tanto de la FACh como de Carabineros y la PDI, las interrogantes parecen aumentar considerablemente, puesto que parece preocupante que existan este tipo negligencias. De manera genérica uno puede esgrimir la siguiente pregunta ¿Quién es el que fiscaliza, acredita o evalúa en última instancia a estas instituciones?

La pregunta es muy oportuna, puesto que todas estas instituciones tienen por objetivo, mantener y preservar la seguridad, el orden de la ciudadanía y brindar protección. Sin embargo, estos incidentes por más que sean considerados desde dentro como hechos aislados y para nada representan el común, siendo en primera instancia todas estas instituciones altamente competentes, son en realidad hechos gravísimos que ponen en duda la competencia de sus funcionarios y en última instancia la calidad de la institución.

¿Cómo es posible que un Carabinero que consta con años de entrenamiento en manipulación de armas, no sepa cómo manipular su arma de servicio y termine matando a su compañero? ¿Qué es lo que realmente sucedió esa fatídica noche en San Joaquín? ¿Por qué los carabineros que andaban de civil estaban aparcados en ese lugar? ¿Por qué no existe registro alguno en Carabineros que explique lo que hacían allí exactamente? ¿Se justifica desde la PDI abrir fuego de manera tan categórica hacía quienes amenacen o amedrenten a sus funcionarios? ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la FACh en el accidente de Juan Fernández? ¿Cuál es el estándar de medida de esta institución para calificar la excelencia de sus pilotos?

Como ven, las interrogantes son demasiadas, pero en el fondo, lo que está en cuestionamiento es el grado de profesionalismo de los funcionarios de todas estas instituciones, entendiendo la responsabilidad y deber con que cuentan. ¿Es posible entender que un piloto de 25 años tenga la experiencia suficiente como para ser catalogado de “experto”? O un policía de 24 años ¿Posee el temple necesario como para desempeñar arriesgadas labores de vigilancia infiltrada?

Cualquier ciudadano puede concluir luego de estas semanas, que tanto Carabineros como Investigaciones, y la FACh operan bajo muchos códigos y resguardo de camaradería, con una silencio cómplice del Estado, resguardados bajo sus propias leyes y jueces, sin ninguna capacidad para que la sociedad puede observar al menos de una forma más objetiva el proceso que antecede al fallo o dictamen de una sentencia que involucre a funcionarios de la Institución, y muchas veces, cuando se han cometido faltas e irregularidades en Carabineros, estos se mantienen en servicio activo, sin siquiera ser suspendido mientras dure la investigación.

En síntesis, estos acontecimientos, enlutan a familiares, decepcionan a población, preocupan a muchos, tensionan las relaciones y ponen en la palestra, aunque sea de forma momentánea, un problema complejo ¿Quién vigila a aquellos que ostentan la facultad de protegernos?

Porque si yo veo que un funcionario opera bajo circunstancia irregulares o existe un hecho controversial, queda en evidencia una conclusión que puede convertirse en una falacia: la Institución no me transmite seguridad, ni confianza, siendo que muchos funcionarios se entregan por vocación y realmente brindan apoyo y seguridad a la sociedad, arriesgando su vida si es necesario. Pero por hechos lamentables como estos, la sospecha se asoma.

Quizás esto fuese distinto si existiera compromiso gubernamental por fiscalizar, transparentar y acercar los procesos de vigilancia (en el caso de que existiesen) sobre las FF.AA. Carabineros y PDI al ciudadano a pie, es decir, que todos tengamos el mismo trato ante la justicia, y no por ostentar un uniforme, tener el “privilegio” a estar exento de juicios y cuestionamientos.

Evidentemente esta displicencia y falta de voluntad del Estado por tomar cartas en el asunto le sienta bastante bien a estas Instituciones, que parecen reforzarse y protegerse cuando ven que peligran sus garantías, tal como un animal dominante ve que su comida o territorio parece ser invadido por otros hambrientos, ansiosos y cansados animales que desequilibran el orden natural de las cosas.