Se dice que la fórmula de gratuidad planteada por este gobierno -surgida después de meses de discusión y teniendo como base el sentir de una gran parte de la ciudadanía- es regresiva porque no llega a los alumnos vulnerables, los cuales estarían en IES privadas y no en las Universidades del CRUCH o las Universidades del Estado.
Sin embargo, lo que oculta ese manoseado discurso es que las IES privadas que forman a los estudiantes vulnerables son en su mayoría instituciones que lucran (IP y CFT) y no sabemos si invierten -debido a que no rinden cuentas a nadie- sus ganancias en el beneficio de sus mismas instituciones, y por ende, de sus alumnos.
Por otra parte, está comprobado que la mayoría de los estudiantes de esas IES privadas post-1981 desertan o no tienen una titulación oportuna y quienes logran titularse, generalmente no son bien reconocidos en el mundo laboral. En este sentido, hablamos de una doble vulnerabilidad, es decir, una que corresponde al estatus socio-económico del estudiante, y otra de carácter educativa, consecuencia de su trayectoria de clase y del ingreso a instituciones de cuestionada reputación y prestigio.
Con lo planteado en el párrafo anterior, tampoco se cumplen dos visiones fundamentales que tenemos en el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH). La primera relacionada con la educación como el motor fundamental de la movilidad social, y la segunda, más importante aún, que es considerar a la educación como un Derecho y no un bien de consumo.
El sistema de IP y CFT es un sector donde el Estado de Chile no ha generado oferta, existiendo una alta desregularización y un mínimo nivel de acreditación de la calidad.
Regulación
El Sistema de la Gratuidad sería regresivo realmente se continuáramos financiando todos los chilenos -por medio del Estado- a los IP y CFT de mala calidad, que lucran y no se responsabilizan socialmente de sus estudiantes. Claramente estas IES no están preparadas para entregar una educación de excelencia a los estudiantes vulnerables, que dada su situación, son quienes más la necesitan.
Desde su formación -algunas de ellas al amparo de la Dictadura- estas instituciones privadas no se responsabilizan de esa situación. Tampoco lo hizo el Estado de Chile, que tomó un rol subsidiario en la educación, favoreciendo así el crecimiento del sistema de educación superior privado y el florecimiento de ese lucrativo negocio, en detrimento de la oferta estatal.
Rol del Estado
Desde las Universidades del Estado de Chile decimos que las políticas de gratuidad deben entenderse como un efecto derivado de una política de fortalecimiento de la educación pública generada por el Estado. En tal política, se deberá reconocer la mediación de las instituciones educativas (públicas y privadas) frente a la provisión mixta de la gratuidad, siendo responsables ante el Estado y los estudiantes que acceden a ésta.
Sin embargo, es fundamental que el Estado asegure la sustentabilidad del sistema de gratuidad, el cual, caracteriza a la historia de nuestro país. De esa forma, se podrá equiparar el desmedido crecimiento que tuvo el sistema privado en comparación con el público. Lo que pedimos a la autoridad desde el CUECH es simplemente que la oferta sea de 50% por cada lado.
Esta política de crecimiento para las IES estatales sólo será posible, si se incluyen a los estudiantes vulnerables con garantías y de manera igualitaria en el territorio, para eso es necesario continuar con la política de fortalecimiento de la educación pública, desde la cuna a la Universidad.
Claramente no estamos ante una política regresiva, sino que por el contrario, presenciamos un significativo avance hacia el futuro por el camino que nos marcó la ciudadanía, y especialmente, nuestros estudiantes desde las grandes movilizaciones del 2011.
