Este lunes se dio a conocer una investigación realizada por periodistas de El Mercurio de Antofagasta, que da a conocer una realidad verdaderamente indignante.
Son las que desde ahora llamaremos, “tomas VIP”. ¿Nos referimos a las improvisadas casas de madera en los faldones de los cerros de Antofagasta? No.
Se trata de inmuebles fiscales, propiedades que pertenecen a Estado, a usted, a mi, a todos, que han sido ocupadas por décadas por funcionarios que ostentan sueldos millonarios.
De acuerdo a las cifras que presentan los colegas de El Mercurio de Antofagasta -en una investigación que rescata lo mejor del periodismo y que es un tapaboca a quienes insisten en cuestionar el rol de los medios en estos días, demostrando lo necesarios que son los periodistas en cualquier comunidad- al menos 34 de ellas (el 32 % del total) fue entregada a funcionarios con sueldos por sobre los $2 millones bruto.
El reportaje cita entre los casos más extremos, al abogado y asesor jurídico de la Seremi de Educación, quien según la información entregada por ese organismo, lleva tres décadas ocupando un departamento fiscal ubicado en el barrio Coviefi. El funcionario tiene actualmente un sueldo de $3.200.000 bruto y paga, según la misma seremi, $52 mil mensuales de arriendo. Como él, hay más de 30 casos.
Todo esto pasa casi al mismo tiempo que en el Gobierno Regional, el oficialismo y también en sectores de la oposición, surgen voces llamando a desalojar las tomas que se extienden en la región, especialmente tras el incendio que arrasó la toma de Frei Bonn en Calama. “Pónganse a la fila”, dijo en la oportunidad a los sin casa el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
¿Será que en esta ocasión primará una pizca de decencia y si se llegase a desalojar con la fuerza pública alguna ocupación, lo primero en ser desalojado sea esta “toma VIP”? Por ahora el Seremi de Bienes Nacionales anunció una “operación rescate”. Es de esperar que antes que cualquier uso de la fuerza contra familias que no tienen mucho más que sueños y esperanzas de un lugar digno donde vivir, actúe esta “operación rescate” y de ser necesario, que las viviendas recuperadas se pongan a disposición de quienes no tienen para arrendar o comprar una casa.
