La muerte de Ámbar, cuyo principal imputado es Hugo Bustamante, un criminal que debía pasar 27 años tras las rejas por asesinar a su ex pareja y su hijo de 9 años, pero estaba libre, es un hecho que ha causado profundo impacto en el país, porque es una muestra más de lo mucho que estamos fallando y lo necesario de los cambios de fondo que deben realizarse.

¿Cómo es posible que un sujeto que debía estar pagando por su horrendo crimen caminara libre por las calles, y que una joven de 16 años tuviera que ir a su casa a buscar la pensión alimenticia que su padre pagaba a una madre que dejó de lado las más básicas obligaciones de una madre, eligiendo un amorío con un delincuente?

Es un hecho que en ningún caso debería estar sucediendo, pero sucedió, porque el Estado y la justicia chilena una vez más llegan tarde, mal y nunca para ayudar a las víctimas, las niñas y las mujeres. Es un hecho que nos provoca rabia e indignación y nuestra primera reacción puede ser pensar en que la muerte sea la respuesta. Sin embargo, las reacciones basadas en la ira no suelen ser buenas consejeras y tampoco cumplir con el objetivo que se busca de forma racional.

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La pena de muerte es ayudar a los criminales. Es decirles que en un segundo podrán liberarse de responsabilidad. Es indultarlos de vivir y pagar en vida las consecuencias por sus actos. Además es esconder la cabeza bajo la tierra eludiendo el fondo de lo que debemos cambiar, que es el clasismo, racismo y machismo en la justicia chilena.

Hay quienes no quieren realizar tales cambios en la justicia chilena y que todo permanezca como hasta ahora, buscando esconder el transfondo del clasismo, el machismo y el racismo, abanderándose con la pena capital para de este modo eludir las demandas sociales, de las mujeres y de la amplia mayoría del país.

En Chile la justicia opera bajo los preceptos instalados incluso en la Constitución. Un Estado pequeño y ausente que privilegia la propiedad y los bienes materiales por encima de los derechos de las personas, una filosofía cuya consecuencia más evidente es que la capacidad de los ciudadanos para acceder a la salud, educación o justicia es tener más dinero. Donde la justicia parece perseguir más a quienes causan daños materiales, trafican drogas, venden jugos en la calle o disienten políticamente del Gobierno de turno, que a los asesinos, violadores y femicidas. ¿Puede entonces un sistema judicial que en muchos casos no es justo, tener la vida de los ciudadanos en sus manos? La respuesta es un rotundo no.

Lo que en verdad se requiere, es cambiar las bases constitucionales, las leyes y el código penal, para castigar severa e inteligentemente todo delito violento contra las personas que implique lesiones o muerte. Necesitamos mayores penas para las agresiones, los homicidios, femicidios, violaciones y crímenes de odio, además de que no haya posibilidad de beneficios por una buena conducta, que puede ser falseada o simulada. La cadena perpetua debe ser un piso en el caso de los asesinatos y femicidios.

Que los criminales paguen en vida todos los años que tengan que pagar y que realicen trabajo en beneficio de la comunidad, como sucede en otros sistemas carcelarios, que se interesan en reducir los delitos, prevenirlos antes que lamentarlos.

Solo entonces, cumpliendo a cabalidad estas labores de trabajo, solo en casos excepcionales podrían, solo quedando muy poco para finalizar sus condenas, postular a una eventual disminución, siempre tras estrictos peritajes a fondo psicológicos y psiquiátricos, además de tener la aprobación de la propia comunidad donde deseen insertarse, corresponzabilizando además a quienes autoricen y firmen una excepción de este tipo, en caso de no cumplimiento o reincidencia.

Ante la más mínima duda o reclamo de cualquier integrante de la sociedad, se revoca. Y ante la mas mínima señal de incumplimiento, se aumentan las penas y sin ninguna nueva oportunidad a lo largo de la vida para algún beneficio.

Que paguen, en vida. Que trabajen buscando pagar su deuda con la sociedad. Las segundas oportunidades pueden ser usadas solo en casos plenamente justificados y como meta a conseguir. Terceras oportunidades no.