En los últimos días se han reavivado con fuerza ciertas interpretaciones sobre las personas que viven en campamentos. Son discursos que apuntan a la «frescura» y al «oportunismo» como sus principales causas. Esta visión no solo simplifica una realidad compleja, sino que desvía la atención del problema de fondo: la crisis habitacional que atraviesa nuestra comuna.
Los campamentos no son la causa, sino la consecuencia.
Según el último Catastro Nacional de Campamentos de TECHO-Chile (2024-2025), en Antofagasta nueve de cada diez familias llegaron a vivir en estos asentamientos por el alto costo de los arriendos, mientras que ocho de cada diez lo hicieron por falta de ingresos. El trabajo en terreno con estas familias nos muestra una realidad que los datos terminan por consolidar: en Antofagasta, el 73% de los hogares de campamentos vive bajo la línea de la pobreza.
Estas familias no llegan a un asentamiento por una elección cómoda, sino por una exclusión sistemática. Quedan fuera del mercado formal de la vivienda, de los subsidios y del acceso al suelo urbano. En ese vacío, el campamento aparece como la única alternativa de supervivencia, no como una estrategia ventajosa.
Reducir esta crisis a un juicio moral es peligroso. Cuando se instala la idea de que los campamentos son meros focos de delincuencia, se etiqueta injustamente a las 15.855 familias que los habitan. Entre ellas hay trabajadores, más de 15.000 niños, 2.100 adultos mayores y cerca de 500 personas con alguna discapacidad; además de 9.000 familias migrantes que buscan, con dificultad, sostener una vida digna.
Esto no implica desconocer que en algunos campamentos existen situaciones problemáticas que deben abordarse: ocupaciones con fines especulativos, conflictos de convivencia, hechos delictivos o instalación en zonas de alto riesgo. Estas realidades existen y afectan tanto a las comunidades como al resto de la ciudad y el Estado debe intervenir. Pero convertir esas excepciones en regla es un error que distorsiona el diagnóstico y termina perjudicando, precisamente, a las familias que no participan de estas prácticas y que siguen trabajando por una respuesta habitacional.
En este contexto, los desalojos forzosos deben ser la última opción y nunca la primera reacción. Cuando se ejecutan sin alternativas habitacionales, lo único que logran es desplazar la pobreza, fragmentar comunidades y profundizar la vulnerabilidad. El problema no desaparece: se mueve, se agrava y se hace menos visible.
Hablar de campamentos sin abordar la política habitacional es un análisis incompleto. Hablar de desalojos sin proponer una reubicación es irresponsable. Y hablar de «frescura» sin reconocer las barreras estructurales es, sencillamente, injusto.
Más que un enemigo a eliminar, los campamentos son la señal urgente de que algo no está funcionando en nuestras políticas habitacionales, sociales y migratorias. Mientras la incomodidad por el síntoma sea mayor que la preocupación por la enfermedad, seguiremos errando no solo en el diagnóstico, sino también en la solución.