El día domingo Karen Rojo, alcaldesa suspendida de sus funciones, dio a conocer mediante sus redes sociales lo que considera, son las razones detrás del juicio por fraude al fisco en contra suyo y otros funcionarios municipales.
En la oportunidad, Rojo publicó un video donde afirma que ratificará su inocencia en juicio y que existen intereses políticos para perjudicarla, así como también dio a conocer un documento donde el primer querellante en el caso, el ex concejal Eduardo Parraguez, le pide por intermedio de su abogado al fiscal Cristian Aguilar, el llegar a un acuerdo a cambio de una abultada suma de dinero.
Este consistía en el pago de 26.000.000 millones por reparación de daños, 4.800.000 millones por pago de costas del querellante y no poder ocupar cargos públicos por un periodo de 12 meses.
Al respecto, Karen Rojo comentó junto a la publicación “Vecinos, como ustedes saben, en general yo no me refiero a los temas judiciales, porque siempre estuve concentrada en ustedes y la ciudad, pero ahora, ante tanta mentira, quiero compartir esta imagen de un mail donde el ex querellante Eduardo Parraguez supuestamente “convencido” de que soy “culpable”, le pide al fiscal que me acusa Cristian Aguilar, a través de su abogado, “que lleguemos a un trato”, para terminar con el caso, siempre y cuando yo le pagara 26 millones de pesos, le pague a su abogado y demás que entregara mi cargo como alcaldesa y no tuviera la opción de aspirar a ningún otro cargo político…”
“¿Ven como actúan? Denigrantes…Jamás aceptaré tratos sucios -como lo hicieron otras personas con el Fiscal- porque estoy dispuesta a ratificar mi inocencia en un juicio. Nunca voy a ceder a las amenazas políticas ni económicas, menos de un maltratador de mujeres”. Puntualizó Rojo.
Cabe resaltar que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó las resoluciones del Juzgado de Garantía de la ciudad, el día 3 y 9 de julio, donde se declaró que la querella presentada por Parraguez había quedado quedado abandonada, ya que el ex querellante no adhirió acusación fiscal en el plazo establecido.
No obstante el caso sigue su curso ante la justicia por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, quienes piden 7 años y un día de cárcel para Rojo, además de inhabilitarla de cargos públicos. Al estar acusada por un delito que merece pena aflictiva, se suspende el derecho a sufragio y con ello su inhabilidad temporal para ejercer el cargo, a la espera del juicio del próximo 15 de septiembre.
