Parlamentario destacó que a nivel regional un aumento de un 4% es “una burla”, más aún considerando el alto costo de la vida.
“Como una vergüenza” calificó el diputado radical Marcos Espinosa el reajuste salarial de un 4% propuesto por el gobierno. “En materia local, nosotros sabemos que un reajuste de esta naturaleza es un chiste. El costo de la vida está fuertemente afectado por los productos que componen la canasta básica, por el valor de los arriendos, por el valor de los combustibles. Por lo tanto un aumento de un 4% para un salario de 190 mil pesos es obviamente una burla”.
El parlamentario, quien se reunió con representantes del sector público dependencias de la CUT provincial, criticó la actitud del Ejecutivo puesto que “ni siquiera ha accedido a conversar las condiciones mínimas para lograr una acuerdo en materia de reajuste. Esta actitud del gobierno ha sido permanente, ya que hay que resolver los temas en el Congreso Nacional donde se sabe que ni diputados y senadores tenemos facultades para pedir incrementos. Lo correcto sería que el proyecto de ley llegara consensuado para facilitar su tramitación, pero al parecer eso al gobierno no le interesa”.
La Mesa Nacional del Sector Público compuesta por 14 gremios pide un reajuste de un 8%, y de un 30% para quienes ganen menos de 750 mil pesos líquido. Además dentro de la discusión se ha propuesto la homologación de los bonos de zona y zona extrema que tienen los funcionarios de las Fuerzas Armadas a los funcionarios del sector público.
“El 8% se pide porque es necesario para cualquier chileno cubrir los gastos de la vida, los cuales cada año se incrementan. El propio Presidente junto al Ministro Larraín han dicho que nuestra economía es una de las mejores, una de las más sólidas del continente. A mi juicio el gobierno debiera ceder aún más en su propuesta”
Espinosa informó que antes del 30 de diciembre debe estar despachado el proyecto de ley que reajusta el sueldo de los funcionarios públicos para el próximo año. “Esperamos que lleguemos a buen puerto porque aquí lo que estamos discutiendo es calidad de vida para más de dos millones de personas que trabajan en reparticiones públicas”.
