Con 78 votos en contra y 69 a favor, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Un resultado que ha causado polémica en la oposición por división de votos.
A nivel regional, rechazaron la acusación constitucional los parlamentarios Sebastián Videla y Jaime Araya, mientras que la aprobaron Yovana Ahumada y José Miguel Castro.
El Presidente Gabriel Boric se refirió al hecho, señalando que “se ha rechazado acusación constitucional contra el Ministro de Educación y profesor Marco Avila (la cuarta que la derecha presenta en menos de año y medio de gobierno). Su falta de sustento jurídico y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Han triunfado la justicia y la razón”.
La defensa del ministro no hizo uso de la cuestión previa, cuando entendió que contaba con los votos para ganar, luego que Evópoli anunciara esta mañana que votaría en contra del libelo.
Las y los representantes del Frente Amplio, PS, PPD, PL y PC refutaron la forma y el fondo de las imputaciones. Se aseguró que hay una visión sesgada, ideológica y homofóbica. Se recalcó que las jornadas de educación no sexista fueron voluntarias. Asimismo, se indicó que el tema de la Junaeb es un asunto que debe resolver con particulares en tribunales. Además, se criticó que se emprendan acusaciones por actos que no son propios o sobre lo que no tiene jurisdicción el ministro.
Desde RN, la UDI y PREP se emprendieron mensajes destinados a apoyar el libelo. Se refirieron al tema de la Junaeb y calificaron algunos de sus hechos como “vergonzosos”. Acusaron negligencia en el actuar del ministro y aseguraron que no ha sido capaz de vigilar los recursos de los chilenos.
Por otra parte, se afirmó que sí existe una potestad de control de parte del ministro hacia la Junaeb y los SLEP. Igualmente, se remarcó que son los padres los que tienen el derecho de definir qué educación sexual se les da a sus hijos y no el Mineduc.
Desde sectores de centro se emprendieron diversas críticas a la gestión del ministro que, incluso, se le calificó de “pésima”. Pero se reconoció que ello no es causal para una acusación constitucional. De igual modo, se sostuvo que los capítulos no presentan mérito jurídico y omiten información, entre otras falencias. En tal plano, anunciaron su voto en contra.