Hacia una nueva política minera

La recaudación por Impuesto Específico a la Minería sigue disminuyendo cada año. Una de las razones pudo ser el incremento de los costos que también afectó a Codelco. Sin embargo, en los últimos años (2006-2011), el precio del cobre ha superado los US$ 3,0, frente a un promedio de US$ 2  entre 2001 y 2009.

Ello ha generado enormes ganancias. Solamente en el año 2006, estimamos con cifras del Banco Central, que se remesaron al exterior de Chile, ganancias privadas por US$ 20.000 millones, equivalentes a la suma de toda la inversión extranjera ingresada al sector en los 32 años previos. En los años siguientes esta situación se ha repetido en el promedio anual.

Entre los años 1991-2005, donde los precios y costos fueron menores, sospechamos que las ganancias anuales superaron en todo caso el 50% del capital aportado por los socios, porcentaje inusual en la actividad económica. Este 50% significa que bastan dos años de ganancias reinvertidas en el negocio para formar una empresa del mismo tamaño.

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Gran parte de estas espectaculares ganancias se sustenta en nuestra legislación tributaria y en su débil  fiscalización, tema que abordaremos en estas líneas. También se apoya en otros aspectos lesivos al interés nacional,  que sólo enunciaremos por falta de espacio: derechos de agua gratuitos entregados por el Estado, facilidades para sub-contratar trabajadores sin beneficios sociales, exportación de materias primas sin refinar,  etc. Al final del texto, algunas propuestas que abarcan el tema de la nacionalización del cobre.

Un tema mayor es la fiscalización de la venta de sub-productos del cobre. Codelco cubre parte importante del  costo de producir cobre, gracias a la venta de otros minerales adheridos al yacimiento. Según nuestra estimación, si la minería privada, tuviera y declarara estos ingresos adicionales en la misma  proporción de las ventas  que lo hace  Codelco, en algunos años se podría llegar a financiar los aranceles de toda la educación superior con la mayor recaudación tributaria por sub-productos del cobre. Desgraciadamente,  el pesaje de los minerales está concesionado a empresas privadas que son proveedores del sector minero.

 Asimismo, los impuestos  caen con el nivel  de  endeudamiento. En cualquier actividad, los intereses de la deuda pueden ser  usados como  gastos para descontar impuestos. Cerca de un 70% del costo de  la inversión extranjera inicial del sector, se financió con deuda con terceros.  En la inversión  extranjera,  las remesas de utilidad al exterior, al ser presentadas como  intereses,  además gozan de un gravamen muy inferior a la tasa a la exportación de utilidades (4% contra 16% después de descontar el impuesto general).

Además, la depreciación acelerada  de los bienes de capital  se acepta sin límite como gasto, en una actividad intensiva en maquinaria  y equipo. Así, con una fuerte inversión de capital, los nuevos proyectos, y los antiguos que se  reponen o que se amplían,  pueden eludir legalmente impuestos por muchos años.

Igualmente, se puede rebajar impuestos mediante la amortización virtual de una serie de partidas. Entre ellas,  la amortización del valor imputado del yacimiento y la  pérdida por operaciones especulativas en el mercado financiero de futuros. En  conclusión,  no resulta sorprendente   que la recaudación de algunos de los  impuestos disminuya en la minería.  Ella depende de muchas variables,  entre las cuales se cuenta,   la habilidad para emplear las normas para eludir legalmente los impuestos.

Existen varias propuestas que pueden ser examinadas. Primero,  reemplazar el Impuesto Específico a la Minería (IEM) por un impuesto directamente sobre las ventas (royalty), de modo que los costos informados por las empresas no sirva de pretexto  para disminuir impuestos. Este tipo de impuestos es común en los países mineros. Este royalty debería ser progresivo sobre el precio  de modo que en época de “vacas flacas” la empresa pueda seguir sobreviviendo. Para un precio como el actual, de US $ 3,5 y costos de operación de US$1,5, el royalty debería estar cerca del 21% de las ventas mientras que el IEM debería alcanzar un 42% (contra un IEM presente efectivo  de 5%)

Además, Codelco debe fiscalizar el ingreso por su sub-productos pues sus ingenieros tienen experiencia en la materia.  Por otro lado, debe colocarse el mismo impuesto a las remesas de intereses que a las remesas de utilidad para evitar que se disfracen las segundas a través de las primeras. Asimismo, se requiere colocar límite al uso de la depreciación como gasto tributario.  Al mismo tiempo, se requiere cobrar un royalty por el uso del agua cruda,  de modo de reflejar  la pérdida país por son poder usarla en fines residenciales y agrícolas.

Otra medida inmediata es el alza de la tasa de impuesto general (impuesto de primera categoría)  que grava las ganancias de las grandes empresas, sin importar el sector productivo.  Estas grandes empresas, que representan menos del 2% del universo empresarial, capturaban en el año 2006, cerca del 86% de las ventas (considerando a Codelco). Esta tasa, debería aumentar progresivamente en proporción a las ganancias, de la misma forma como lo hace el impuesto a las personas (global complementario). Al mismo tiempo, deberían eliminarse las múltiples formas de eximir o postergar este impuesto. Esta medida  no podría ser reclamada discriminatoria contra el inversionista extranjero.

Enseguida, de mantenerse el sistema de AFP en crisis, al menos debería abrirse  de modo que la rentabilidad del fondo se beneficie de las altas rentabilidades de  la minería privada. Incluso, al operar de esta manera, los fondos de pensiones de  los trabajadores podrían ganar participación hasta quedarse con partes importantes de  la propiedad de las empresas mineras. Por otro lado, al transformar para este efecto, las empresas privadas del cobre en Sociedades Anónimas, el Estado podría comprar paquetes accionarios de ellas  para beneficiarse de su rentabilidad, mejorar la transparencia de la información  y bajar el superávit fiscal “invertido”  en el exterior del país.

Finalmente, las reformas tributarias no solucionan los problemas de exportación de materia prima con bajo valor agregado y la falta de una industria nacional proveedora de manufacturas para la minería. Parece aconsejable la  nacionalización de los futuros yacimientos, en donde se proyecta una inversión importante. Si fuera cierto, como señalan algunos geólogos de la minería privada, que Chile tendría reservas mineras para 100 años, los actuales yacimientos representan una parte menor del futuro de Chile, con los cual no valdría la pena enfrascarse en litigios con los actuales propietarios. Bastaría no extender las autorizaciones a los actuales proyectos. Sin embargo, para confirmarlo se  requiere trasparentar la información de reservas anuales disponibles, la cual resulta clave para la estrategia de desarrollo económico del país.