Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un sujeto identificado como C.F.P.V. quién fue imputado por un delito de violación y abusos sexuales reiterados, en perjuicio de una menor de 8 años a la fecha que comenzaron los ilícitos, y que era hija de su conviviente.
Los familiares no pudieron soportar la cruda descripción de los abusos a los que fue sometida la menor y abandonaron la sala del Juzgado de Garantía, donde se llevaba a cabo la audiencia.
Los abusos se iniciaron el año 2014, cuando la niña tenía 8 años y se prolongaron por espacio de 4 años. Según declaró la víctima, los hechos se iniciaron con tocaciones por sobre la ropa y la amenaza que si denunciaba lo que estaba ocurriendo agrediría su madre. La niña dijo que se sentía asustada y por eso no se animó a decir nada.
En la medida que fueron pasando los años el agresor fue escalando, hasta llegar a acceder carnalmente a la niña.
Destacó que los abusos se producían cuando su madre se iba a trabajar y ella y sus hermanos se quedaban solos con su padrastro.
Un hermano menor de la afectada que también declaró, dijo que a él siempre le llamaba la atención el hecho que cuando el imputado se quedaba a solas con su hermana siempre ponía llave a la puerta. Y era común que se encerrara con la niña.
Fue precisamente este menor el que arrojó las primeras luces sobre lo que estaba aconteciendo con su hermana, ya que encontró en el teléfono de la víctima unas conversaciones por whatsap de un tono sexualizado donde su padrastro preguntaba a su hermana muchas cosas relativas al sexo y al placer, lo cual contó a su padre biológico que fue quien finalmente hizo la denuncia.
El imputado a través de una declaración policial voluntaria reconoció su responsabilidad en los cargos que se le imputan, valiéndose de la vulnerabilidad de la menor y aprovechando los momentos en que ambos se encontraban solos en la vivienda que compartían.
La Fiscal Gloria Araya solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado por estimar que su libertad representa un peligro para la sociedad, la cual fue decretada por el Juzgado de Garantía, fijándose un plazo de investigación de 120 días.
