Con arresto domiciliario nocturno quedó una persona de 35 años de edad, que fue arrestado durante una nueva jornada de protestas en Antofagasta bajo la nueva ley 21.208 conocida como “ley antibarricadas y antisaqueos” y también como “ley antiprotestas” del gobierno.
Se trata de la primera persona en la región de Antofagasta a la cual se le llevará adelante un proceso investigativo en el marco de esta polémica ley creada por el Gobierno de Sebastián Piñera y aprobada por el Congreso gracias a algunos votos opositores que se cuadraron con el oficialismo.
Asimismo, desde la Intendenta (s) de Antofagasta, Katherine López, anunció la presentación de una querella en contra del imputado “dado que los hechos configuran la obstrucción y perturbación del libre tránsito de terceros en el marco de la ley 21.208, la que busca entregar mayores facultades a las policías y al poder judicial”.
La autoridad gubernamental expresó además que este actuar del gobierno regional va en línea con los deseos del Presidente Sebastián Piñera y “con lo que quieren miles de chilenos y chilenas, retomar el orden público, en la región y en nuestro país. Al mismo tiempo quiero hacer un llamado a toda la población sin distingo político a condenar los hechos violentos”, señaló.
La polémica ley antiprotestas surgió como una reacción por parte del gobierno frente a intensas y multitudinarias protestas registradas en el país en los últimos meses contra la desigualdad de ingresos, las bajas pensiones del sistema privado de las AFP, altos costos de vida, mala calidad y falta de acceso a salud y educación pública, entre otras múltiples demandas ciudadanas.
Es en este contexto que desde el ejecutivo se ha puesto especial énfasis a en hechos de violencia o destrozos registrados durante o después de las movilizaciones, vinculándolo con el fenómeno de los saqueos masivos registrados en establecimientos comerciales como farmacias o supermercados, promoviendo la “Ley antibarricadas” y “Antisaqueos”, que por sus alcances es considerada también como una ley que criminaliza la protesta social.
El cuerpo legal que contempla penas de cárcel para las personas que sin autorización interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación (considerando por ejemplo la realización de “el que baila pasa” o la instalación de obstáculos levantados.
Asimismo contempla penas a quien lance elementos cortantes o contundentes a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública y finalmente también establece agravantes a la sustracción o destrucción de establecimientos comerciales en condiciones que contribuyan a que se produzcan estos hechos, lo que define como saqueo.
