El número creciente de ollas comunes en Antofagasta deja en evidencia la incapacidad del modelo neoliberal de dar respuestas efectivas y oportunas a las crisis sanitaria, económica y social, que afecta a Chile. El estallido del 18 de octubre y la pandemia del coronavirus desnudaron una realidad: la permanencia de la pobreza extrema y aquella no menor, disfrazada, que la cesantía se encargó de despejar.
Las fuentes más conservadores dicen que son alrededor de 50 las llamadas “ollas comunitarias”; la primera autoridad comunal, en tanto, en declaraciones a un medio local, asegura que superan el centenar. La cuarentena total en el radio urbano de Antofagasta hizo que la Intendencia confirmara la entrega de permisos especiales para el funcionamiento organizado de las ollas comunes, actividad que, sin embargo, en algunos sectores se hace de manera espontánea porque “el hambre apremia”. El municipio entrega alimentos y gas a los grupos vecinales, mientras que particulares y varias entidades lo hacen desde hace tiempo en coordinación con los entes comunitarios.
Esta organización no es nueva en Chile y ha sido denominada de distinta manera: olla del pobre, olla solidaria, olla comunitaria y olla común, la más conocida y usada. En diferentes momentos de la historia nacional hubo situaciones coyunturales que provocaron la constitución de ollas comunes, como huelgas y crisis económicas. La sicóloga y antropóloga Clarisa Hardy Raskovan, asegura en su libro “Hambre+dignidad=ollas comunes”, que es difícil caracterizarla si previamente no se analizan las razones que explican su origen.
Recuerda que durante las primeras seis décadas del siglo 20 hubo ollas comunes, pero sus peculiaridades y causas eran muy distintas a las presentadas durante la dictadura cívico-militar. “Antes, la olla era transitoria y un instrumento de denuncia. Tenía que ver con las huelgas sindicales o con tomas de terrenos. Solucionado el conflicto laboral o normalizada la propiedad del sitio para construir viviendas, la olla se disolvía”.
Hardy no se refiere a las ollas comunes surgidas en el norte, específicamente en Antofagasta, como consecuencia de la primera guerra mundial. El municipio, presidido por Maximiliano Poblete, en sesión del 10 de agosto de 1914 determinó el aporte de 100 pesos diarios para la “olla del pobre establecida por el comité de las sociedades obreras”.
Decisión oportuna ya que se necesitaba atender a una población creciente, que en el primer semestre llegó a 15.520 cesantes y sus familiares. La administración de la “olla del pobre” y la distribución de alimentos fue encargada a la Junta de Beneficencia; asimismo, la municipalidad dispuso una subvención, por única vez, de 500 pesos en favor del Ejército de Salvación, por la ayuda que prestaba a los desempleados.
Tiempo después se produjo la crisis económica de los años 30, producto de la depresión mundial, que castigó con dureza al norte chileno. Esto significó el cierre de la mayoría de las oficinas salitreras y una elevada cesantía que afectó a los trabajadores pampinos y a los habitantes de Antofagasta. Se estimaba en 6 mil los obreros sin trabajo que deambulaban por las calles de la ciudad, quienes junto a sus familias formaban una población flotante que preocupaba a las autoridades, que debían proporcionar los alimentos.
La cesantía creció, derivando en la proliferaron de las ollas comunes en distintos sectores de Antofagasta. La situación era crítica y en ocasiones se observó a personas acercarse a los cuarteles militares para lograr una ración de alimento. En abril de 1932 la especulación de artículos de primera necesidad obligó a las autoridades a fijar los precios, ordenándose a Carabineros actuar de manera enérgica, denunciando a los infractores que habían alzado en 100% los valores en el último mes.
Hardy, nacida en Argentina y nacionalizada chilena, ex ministra de Mideplan durante el primer período de Michelle Bachelet, en la obra citada se refiere a la realidad que vivía Chile, y especialmente Santiago, durante la primera década del régimen militar, con la crisis económica mundial que provocó una recesión abierta y que se extendió hasta 1982, pero que en el caso de Chile, sus efectos se prolongaron por varios años más, con consecuencias devastadoras, especialmente en el empleo e índices de pobreza.
