Estuvo 15 meses en la cárcel y era inocente: El irreparable daño causado a preso político del estallido social en Antofagasta

Joven fue encarcelado mientras participaba en manifestaciones durante el estallido social y se le acusó de homicidio frustrado contra un Carabinero. Sin embargo decenas de pericias y contundente prueba audiovisual demostraron que era inocente, logrando recuperar su libertad.

Referencial

Un total de 15 meses permaneció en prisión preventiva una persona inocente, antes de que se desestimaran los cargos en su contra, se le absolviera y lograra recuperar su libertad durante esta semana en Antofagasta.

Se trata de Kevin Godoy Peralta, una de los ciudadanos de la capital regional que tras manifestarse contra el gobierno de Sebastián Piñera durante estallido social, fue encarcelado y en su contra el Ministerio Público pedía una pena de 10 años de cárcel, acusándolo de homicidio frustrado contra un Carabinero, delito que nunca cometió y que finalmente la justicia terminó descartando.

El defensor penal público, Maximiliano González aportó contundente evidencia, entre las que se destacan las declaraciones de los peritos de la defensa Francisco Ros (balístico), Mario Carvajal (psicólogo) y Roberto Bugueño (criminalista). Todas ellas en su conjunto llevaron a los jueces a determinar que en su acusación la fiscalía no buscó vías alternativas que permitieran aclarar los hechos en que resultó herido el funcionario policial y que en definitiva buscó incriminarlo a pesar de ser inocente, causando un irreparable daño.

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PERICIAS Y VIDEOS FUERON CLAVES PARA DEMOSTRAR INOCENCIA

Cerca de 30 testimonios y pericias, además de una contundente prueba audiovisual, fueron presentadas en el juicio. Según explicó el defensor, uno de los elementos que contribuyó a demostrar la inocencia de Kevin Godoy, fue un video que inicialmente fue exhibido por la fiscalía y ampliamente difundido en las redes sociales en la época de la detención, en el cual se le mostraba supuestamente percutando una serie de disparos en un enfrentamiento con Carabineros. El video fue ampliamente utilizado por sectores afines al gobierno para criminalizar la protesta social y asociar a los manifestantes con la violencia.

Sin embargo, al revisar el video, primero, personalmente, cuadro a cuadro y, luego, por parte de un perito, se logra establecer que el arma que el imputado utiliza es de fogueo, lo cual se evidencia incluso con la imagen de la marca, que es correspondiente con el arma que se encontró en su domicilio, la cual no es compatible con las heridas del policía”, argumentó Maximiliano González.

Además, en su veredicto, los jueces manifestaron que la contundente evidencia presentada por la defensa impidió establecer que el joven tuviera participación en los hechos que se le imputaban. Además, la justicia estableció que la fiscalía no se planteó hipótesis alternativas que permitieran avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos y la determinación de quien efectivamente habría disparado contra el piquete policial en que se encontraba el uniformado herido.

PRISIÓN POLÍTICA

Durante los 15 meses en que el ciudadano estuvo sometido a la prisión preventiva acusado por un delito que no cometió, el defensor Maximiliano González solicitó en reiteradas oportunidades la revisión de la medida cautelar y su sustitución por arresto domiciliario, particularmente por la crisis sanitaria que ponía al joven encarcelado a pesar de su inocencia, en grave riesgo de contagio.

El defensor Maximiliano González siempre sostuvo la inocencia del imputado y en reiteradas ocasiones solicitó la modificación de la medida cautelar, llegando incluso en tres ocasiones a la Corte de Apelaciones, en todas sin éxito a pesar de la contundente evidencia que avalaba su tesis de inocencia“, explicó al respecto el Defensor Regional, Ignacio Barrientos.

Referente a este y otros casos de personas encarceladas desde el estallido social, gran parte de la ciudadanía, organizaciones de Derechos Humanos, expertos, así como la mayoría de las nuevas autoridades electas democráticamente, como es el caso de los constituyentes, han expresado casi unánimemente que se trata de una forma de prisión política, por cuanto las personas fueron encarceladas mientras protestaban contra el orden establecido y es en ese contexto que a solicitud del Gobierno, que incluso fue querellante en algunos casos, la fiscalía les imputa a los manifestantes delitos graves, que normalmente llevan a los tribunales a decretar prisiones preventivas mientras se realizaran las investigaciones. Es decir, permanecer encarcelados sin que se haya probado su culpabilidad.

Por eso reiteramos el llamado para que la prisión preventiva no sea utilizada como condena anticipada ya que los 15 meses de privación de libertad tienen graves consecuencias desde el punto de vista emocional, físico y familiar”, indica al respecto al defensor regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos. 

Es en esos 15 meses de cárcel contra una persona inocente, donde se evidencia materialmente la efectiva existencia de prisión política en Chile, por cuanto a simple vista las personas no fueron encarceladas por expresar ideas políticas diferentes al gobierno de turno o el régimen político; sin embargo una mirada menos simplista que considere el contexto evidencia que es mientras participaban en manifestaciones de protesta contra un gobierno o régimen político cuando son detenidas y posteriormente el Ministerio Público, bajo fuerte presión del Gobierno o incluso en conjunto con este como querellante, las acusa de delitos mucho más graves de los que cometieron, o incluso las acusa por delitos que no cometieron, como acontece en este caso. Es en la decisión de imputar por delitos muy graves, en varios casos sin pruebas, para que las personas que fueron detenidas durante el estallido social fueran luego enviadas a prisión preventiva, donde queda en clara evidencia el sesgo político.

Son y deben ser considerados presos políticos todas aquellas personas cuyas imputaciones penales estén en el contexto del estallido social (temporal, material y teleológicamente), pues sus motivaciones no tuvieron por finalidad atentar contra las bases de la convivencia social, sino que atacar el órden político establecido, cuyas prioridades no han estado en las necesidades de la población, sino que en la defensa corporativa de su propia clase política profesional, al punto tal que su primera reacción fue reprimir con severidad las manifestaciones sociales, violar sistemáticamente los DDHH de las y los manifestantes, y criminalizar la protesta social a través de la Ley Nº21.208“, explica al respecto el ex fiscal de Antofagasta, Fidel Castro, en una columna publicada por este diario. 

Kevin Godoy vive así sus primeros días en libertad luego de 15 meses en la cárcel por un delito que no cometió. Una dramática historia que no es única. Cifras de la Defensoría Penal Pública indican que más de 33 mil personas inocentes han permanecido en prisión preventiva en los últimos 18 años. Solo en la región de Antofagasta, un total de 376 personas estuvieron en prisión preventiva durante el año 2019 y finalmente resultaron siendo inocentes. Entre ellas se cuentan también los casos de personas bajo prisión política, que luego de manifestarse, han permanecido encarceladas acusadas de diferentes delitos.