El Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, se refirió a la detención de una banda de narcotraficantes que operaba en la región con un auto con distintivos institucionales del gobierno, y en la que participaba un supervisor de drones contratado en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El imputado, militante del partido Renovación Nacional, supervisaba un sistema de drones para la vigilancia y la detención de delitos. Este hecho fue relevado por el gobernador Díaz Cortés, recordando que mientras fue Consejero Regional rechazó la idea de entregar más recursos a esa materia.
“Siendo consejero rechacé nuevos recursos para el uso de drones, pues con ellos se perseguían a las protestas y no a los narcotraficantes. Ahora el tiempo nos demuestra por qué eso ocurrió”, indicó.
Frente a los sucesos que involucran a un funcionario de gobierno, Díaz anunció que exigirá “un informe con detalle de cómo fueron los procesos licitatorios”, esto haciendo alusión a la compra del sistema de drones de vigilancia.
“Es importante conocer todas las aristas que esta detención puede tener. Sobre todo cuando se detectaron militantes de partidos políticos del gobierno con activa participación en campañas siendo procesados como imputados”, puntualizó.
Por último, la máxima autoridad regional apuntó a la Delegación Presidencial Regional, ya que, a su juicio, “debe asumir las responsabilidades que le competen”.
EL CASO
El pasado 29 de octubre la Fiscalía de Focos Investigativos y Análisis Criminal (Sacfi) de Antofagasta, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, desarticuló a una banda que traficaba droga entre Tarapacá y Antofagasta, entre cuyos miembros contaba con la participación activa de uno de los supervisores del sistema de drones implementado en la región por la Subsecretaría de Prevención del Delito para vigilancia y detección de ilícitos.
Los cuatro integrantes del grupo criminal fueron detenidos con 25 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, valorizados en $ 154 millones. El grupo delictual también usaba un automóvil con los logos del gobierno. Todos quedaron en prisión preventiva.
Cabe destacar que para la puesta en marcha del proyecto, la Subsecretaría de Prevención del Delito dispuso $585.580.926 en total, monto que se desglosa en drones, vehículos y la sala de monitoreo, según informaba el Gobierno.
