Ante la inminente votación de la Ley sobre el Indulto esta semana en la Cámara Alta, las Madres de Plaza Colón emplazan a los parlamentarios para que esta iniciativa sea aprobada en el Senado, siguiendo posteriormente los trámites legislativos correspondientes. Ellas señalan que la ley constituye un primer paso para dar solución a los jóvenes que se encuentran privados de libertad a lo largo del país, cumpliendo excesivas e inhumanas prisiones preventivas. La serie de testimonios habla por sí sola, fuera de aquella narrativa injuriosa que ha querido homologar el 18/O a un estallido de violencia y delincuencia y a los presos como delincuentes, anárquicos y violentistas.
Acusado arbitrariamente por “porte de elemento incendiario”, Bastián Campos (21 años) ha debido pasar tres cumpleaños en la cárcel. Este joven fue detenido alrededor de las 22 horas y 10 minutos del martes 26 de noviembre de 2019, en la intersección de Catorce de Febrero con Maipú en Antofagasta. Sin historial condenatorio previo, el relato se construyó sobre la base del hallazgo de una botella y una polera roja, que presuntamente era la mecha. No había combustible, ni fósforos, ni encendedor entre las pertenencias del muchacho, y tampoco se realizaron pericias a su ropa ni manos. Finalmente, Bastián fue condenado en abril de 2021 por robo en lugar no habitado y porte de elemento incendiario.
Maribel Gaete, mamá de Bastián, señala que a su hijo se le negó tres veces la solicitud de cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, y estuvo en prisión preventiva durante un año y medio antes de ser condenado. Bastián Campos trabajaba, vivía junto a sus padres, era un joven deportista y formaba parte de diversos voluntariados de la ciudad. Es un chico querido en su barrio, con un profundo compromiso social por la gente más vulnerable, y un gran idealista que vio en el estallido social una oportunidad profunda de cambios de tanta injusticia e inequidad social en este país.
Bastián es un joven más, como millones de otros que se volcaron a las calles durante el Estallido Social, participando activamente de las manifestaciones sociales. En una de ellas, resultó detenido y acusado, enfrentando un juicio oral que, en opinión de su madre, careció de pruebas suficientes. El caso de Bastián es similar al relato de los casi treinta jóvenes que fueron acusados sólo en Antofagasta por hechos referidos al Estallido Social de Octubre de 2019. Cinco de ellos, menores de edad, que fueron recluidos en la Cárcel de Menores, todos con irreprochable conducta anterior, detenidos con fuerza, declaraciones sin la presencia de un abogado y pruebas débiles que terminaron en condena o, como en más del 50% de los casos, aceptando culpabilidad para someterse a juicios abreviados que les permitirían obtener por esa vía, su libertad, luego de prisiones preventivas que siempre rondaron más de un año.
Un modus operandi de la justicia chilena que comienza con un mal catálogo clasificador de delitos por parte de Carabineros de Chile y se prolonga en reiteradas acciones de injusticia normativa como el excesivo abuso de la prisión preventiva y el mal uso de una “economía procesal”. A través de ésta, los jueces se ahorran un juicio y dictan condena, y los jóvenes son procesados, obteniendo libertad vigilada, pero con una condena a cuestas y a través de una “verdad negociada” y de una dudosa culpabilidad a presión. Pareciera ser que toda la institucionalidad se comporta como juez y parte, y las madres y los jóvenes se sienten abandonados por el sistema, las leyes y el Estado.
Para estas Madres, la problemática de fondo está lejos de ser abordada, cientos de jóvenes a lo largo del país han optado por procedimientos simplificados, aceptando culpabilidad por delitos graves que no cometieron y por los que fueron sometidos a procesos que ellas consideran injustos. “En Antofagasta, tenemos el caso de ocho jóvenes a quienes mantuvieron en prisión preventiva durante 13 meses, acusados de homicidio frustrado a Carabineros, y que el día de la audiencia, el Fiscal solicitó recalificar como lesiones menos graves. Los jóvenes debieron asumir un ‘acuerdo en paquete’ para obtener su libertad, pues la condición fue que todos debían aceptar, porque si uno no lo hacía, ninguno podía optar al juicio abreviado” cuenta Michelle Eissmann, cuyo hijo fue parte de este inédito procedimiento de economía procesal en Chile.
“La Paz Social sólo se logra con Justicia. El Estallido Social fue la manifestación del malestar por los abusos y la corrupción que vivíamos en Chile, y el abuso tomó forma contra nuestros hijos. No queremos regalos, pero es imperativo que junto a la Ley de Indulto se cree una Comisión que revise caso a caso la situación de todos los jóvenes del país que resultaron procesados y condenados por casos del Estallido Social. Asimismo, la normativa debe incorporar las reparaciones por el exceso de prisión preventiva y situaciones de injusticia procesal. Actualmente, como la Ley de Indulto está presentada, no considera los casos de nuestros hijos. Esa es nuestra petición pues de no ser así, la violencia que produce la injusticia, no nos permitirá convertirnos en el país que queremos todos”, señalan las Madres de Plaza Colón.
La Agrupación de Madres de Plaza Colón es un grupo de madres que se hicieron conocidas por rezar el Mes de María en las afueras de la Catedral de Antofagasta y frente a la Plaza Colón. Se conocieron, se organizaron, se han apoyado entre ellas para buscar incesantemente una justicia justa en los casos de sus hijos. Han tenido reuniones con el INDH, el Senado de La República y la Presidencia de la Convención Constituyente. También con la Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile, organismos con los que han encontrado articulación para hacerse cargo de la protección de los jóvenes y niños presos por causa del Estallido Social.
