Una situación de absoluta crisis es la que vive la gestión del alcalde Jonathan Velásquez al frente de la Municipalidad de Antofagasta, tras las revelaciones de los Plan 9 Papers, más de 700 páginas de conversaciones con whatsapp del alcalde y funcionarios de confianza.
Los funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta resolvieron iniciar una paralización de sus actividades, hasta que renuncien todos los participantes en el chat donde se emitían habitualmente mensajes con insultos de grueso calibre, burlas y descalificaciones racistas, homofóbicas, gordofóbicas, misóginas en contra de autoridades, funcionarios, trabajadores, emprendedores e incluso vecinos que pedían audiencia con el alcalde sin saber que eran motivo de burlas y comentarios por parte de la administración municipal.
La determinación fue adoptada en una concurrida asamblea realizada en el auditorio municipal, donde los trabajadores expusieron sus puntos de vista y resolvieron la medida de presión frente a la falta de acciones del alcalde Jonathan Velásquez, a quien además la mayoría de los concejales exigieron su renuncia junto con la de todos los involucrados.
De esta forma el municipio dejará de funcionar a contar de este lunes, una paralización que se mantendrá de manera indefinida hasta que todos los involucrados renuncien a sus cargos, dado que no resultan personas gratas en el municipio ni contribuyen a un positivo ambiente laboral.
En el grupo de whatsapp, denominado “equipo JV” participaban entre otros, el alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, el administrador municipal Felipe Guzmán Hurtado, la directora de Dideco Cary Pena Cariola, la ex administradora municipal Yamile Guzman Nadgar, el director de operaciones Rodrigo Silva Alvarado, el actual jefe de gabinete Diego Yañez Zuvic, la administradora del edificio consistorial Carolina Alvarado Marín, el jefe de prensa Luis Pizarro Silva, la secretaria Yessenia Collao Avila, la periodista Ximena Reyes Toledo y la periodista Valentina Ottensen Muñoz, entre otros.
Hasta ahora, los involucrados no han presentado sus renuncias y podrían continuar en sus cargos, a pesar de que ya se solicitó iniciar un sumario a los involucrados por posibles faltas a la probidad dado que su actuar se produjo en horarios de trabajo y posiblemente con teléfonos institucionales y además por vulnerar la ley 18.8883 al atentar contra la dignidad de las personas. Paralelamente los concejales evalúan solicitar al Tribunal Electoral Regional (TER) la remoción del alcalde de su cargo, por abandono de deberes.
