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Jueves 29 de Septiembre del 2022 21:27

Vladimir Pizarro Baltras: El funcionario de “prevención del delito” de Piñera condenado a 13 años de cárcel por tráfico de drogas y armas

Mensajes contra la ONU, el feminismo, insultos a figuras como Camila Vallejo y Gabriel Boric, se entremezclaban con devoción por José Antonio Kast y políticos de la derecha local, por quienes hacía campaña. Así era el perfil de Wladimir Pizarro Baltra, el operador político de RN y funcionario de "prevención del delito" del Gobierno de Sebastián Piñera contratado como supervisor de operadores de drones de vigilancia, a quien la justicia condenó a 13 años de cárcel por tráfico de drogas y de armas. Insólitamente, el sujeto se refería a quienes tenían una opción política contraria a la suya como delincuentes, en circunstancias que las policías ya sabían que el narcotraficante era él.

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A un total de 13 años y de cárcel fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta Vladimir Alexis Pizarro Baltras. El sujeto, conocido militante de la derecha local, deberá pagar 10 años y un día en calidad de autor del delito consumado de tráfico ilegal de estupefacientes y 3 años y un día de presidio, por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y municiones.

El sujeto fue condenado junto a Bernardo Alexander Rojas Reyes, Cristián Andrés Orellana Báez y Pablo Antonio García Pacheco por integrar una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, en vehículos con logos del gobierno.

Lo anterior, porque Vladimir Pizarro Baltra, conocido militante de RN, era nada menos que el supervisor de operadores de drones de vigilancia contratado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Un programa financiado con más de $500 millones de pesos por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Su trabajo era vigilar la región de Antofagasta desde el aire y de esta forma, con ayuda de las imágenes que brindan drones de vigilancia del Gobierno, ayudar a combatir la delincuencia y desbaratar bandas de narcotráfico. Sin embargo, hizo todo lo contrario.

La Subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno de Sebastián Piñera, Katherine Martorell, junto a funcionarios del Gobierno de Antofagasta de la época, participando de la puesta en marcha de los drones de vigilancia, cuyo supervisor terminó siendo integrante de una banda de narcotraficantes. (Archivo)

Escuchas telefónicas realizadas por la PDI permitieron determinar que la banda que integraba el individuo transportaría desde Colchane hasta la ciudad de Antofagasta una cantidad indeterminada de drogas. Fue así que en coordinación con Carabineros, se realizó un control policial estableciéndose que una camioneta era utilizada como punta de lanza para vigilar si había algún control policial en las inmediaciones y posteriormente en otro vehículo con logos del Gobierno de Chile, se transportaba el funcionario de “prevención del delito“.

Precisamente así fue capturado. Portando el logo del Gobierno de Chile y colgada a su cuello una credencial. Al ser consultado por personal aprehensor, reconoció que llevaba sustancias ilícitas y armas de fuego en el portamaletas. Se le incautaron 22 kilos 424 gramos de marihuana, una pistola marca M95-CLASIC, color gris, con su respectivo cargador con03 cartuchos 9mm color amarillo 7 cartuchos 9mm, con proyectil color azul y otra arma de fuego sin marca ni modelo, sin número de serie, con su respectivo cargador, con 3 cartuchos sin percutar.

OPERADOR POLÍTICO DE LA DERECHA EN ANTOFAGASTA

El condenado a 10 años de cárcel, era un activo miembro de Renovación Nacional, participando en campañas y siendo estrecho colaborador de diferentes figuras políticas de la región. Así lo atestiguan diversas fotografías que el propio narcotraficante publicara en sus redes sociales.

Tras ser detenido, el sujeto cambió el nombre de su perfil en Facebook para no ser encontrado. Sin embargo, lo mantuvo activo pudiendo apreciarse como en distintas publicaciones públicas, desvergonzadamente cuestionaba a figuras de otras tendencias políticas de la región e incluso las asociaba con narcotráfico, en circunstancias que él era el narcotraficante.

Duros mensajes contra el trabajo de la convención constitucional y fundamentalmente su presidenta, Elisa Loncón, descalificaciones y burlas contra el Presidente, Gabriel Boric, así como posteos cuestionando las movilizaciones sociales y el feminismo, forman parte del repertorio que el imputado publicaba en sus redes.

Estas publicaciones, eran acompañados de otras donde apoyaba campañas políticas de miembros de su sector político, como la senadora Paulina Núñez, el ex intendente Marco Antonio Díaz, la consejera regional Katherine San Martín, la ex gobernadora Katherine López, entre otras figuras de la derecha local. Lo anterior, muy acorde con su función como figura relevante para la labor territorial y electoral de Renovación Nacional, siendo cercano a estos personeros de la derecha regional. Sin embargo, tras conocerse este caso, varias de estas personalidades políticas renegaron del sujeto y rechazan tajantemente su conducta.

El narcotraficante, también era un asiduo usuario de la red social Twitter, donde su último mensaje antes de ir preso fue una fotografía con un sujeto portando un cartel con la frase “Fuera la ONU, los payasos constituyentes y los comunistas“. Asimismo fue un asiduo seguidor del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, a quien dedicó la mayor parte de sus retwitts en esa red social.

Como contraparte, en redes sociales atacaba a figuras como Camila Vallejo o Karol Cariola, quienes eran foco de sus insultos.

Asociar la delincuencia a quienes consideraba opositores de su sector político, eran parte del actuar habitual del sujeto, quien no se imaginaba entonces que la fiscalía y las policías ya sospechaban que quien ejercía actividades delictuales era él y seguían sus pasos.

Agentes policiales sabían que una pandilla traficaba drogas en la región y tras obtener autorización judicial para interceptar las comunicaciones, supieron que el funcionario de Gobierno era figura clave en la operación, transportando las drogas en una camioneta con logotipos del gobierno y su credencial de funcionario de la Subsecretaria de Prevención del Delito, para evitar sospechas. 

El resto es historia conocida. Fue detenido y condenado, por lo que no podrá votar por los candidatos para los que tan fielmente realizaba trabajo político.

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