El Gobierno confirmó este miércoles que invocará la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que se encuentran paralizados.
“El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas. Un esfuerzo muy importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado“, dijo la vicepresidenta de La República, Carolina Tohá.
“Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, a la circulación, el abastecimiento de distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, complementó.
“En lugar de avanzar hacia una solución de este problema, lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo, es plantear nuevas demandas, totalmente desproporcionadas para la realidad del país, y no consideran el esfuerzo que se hizo el día lunes y el avance que se logró en esa negociación es muy importante”, precisó Tohá.
“El Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este. La decisión ya ha sido tomada”, dijo la vicepresidenta de La República, Carolina Tohá.
El Ejecutivo propuso, entre otros puntos, la habilitación de 12 zonas de descanso seguras entre Santiago y Arica, y una inyección de 1.500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).
No obstante, los dirigentes calificaron la oferta del Gobierno como insuficiente, por lo cual se mantendrán movilizados desde Arica a Paine, instalados principalmente en distintos puntos de la Ruta 5, estacionados en la berma y ocupando una de las pistas.