Un grupo de diputados oficialistas ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de tipificar y sancionar el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos en Chile.
La iniciativa, liderada por representantes del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Humanistas y Frente Amplio, contempla penas de prisión de hasta 61 días.
El proyecto busca modificar el Código Penal chileno, específicamente el Libro Segundo referente a los “Crímenes y simples delitos y sus penas”, mediante la adición de un nuevo párrafo denominado “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.
En este nuevo párrafo, se introduce el concepto de Negacionismo en el artículo 161 D, el cual penaliza la conducta de aquellos que aprueben, justifiquen o nieguen los crímenes registrados en los informes de las comisiones estatales encargadas de investigar las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Para que se configure la responsabilidad penal contemplada en el proyecto, se requiere que exista una perturbación del orden público y un impedimento del legítimo ejercicio de los derechos por parte de terceros. Las penas propuestas van desde prisión de 41 a 60 días y multas de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales.
Además, se plantea la agravación de la pena si el infractor es un funcionario público en ejercicio. Esta medida se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo a los funcionarios públicos.
El proyecto de ley surge a casi 50 años del golpe militar en Chile, con el propósito de legislar sobre el Negacionismo como un imperativo ético y jurídico para avanzar en el respeto a la dignidad humana y cumplir con la obligación de prevención y garantías de no repetición. También busca honrar el compromiso de construir una memoria colectiva, mantener el pacto social del Nunca Más y evitar la impunidad.
La iniciativa tiene como objetivo impedir la banalización del dolor y sacrificio de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Leyes similares existen en países del mundo donde dictadores y sectores políticos extremos han atentado contra sus propios ciudadanos, como es el caso de Alemania, con una norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Si alguien llegara a negar el genocidio de la extrema derecha nazi, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años. Mientras que en Francia si bien se hace una distinción entre la apología de crímenes y la negación, la legislación contempla una pena de 1 a 5 años de prisión.
