La Fiscalía Regional de Antofagasta informó que inició una investigación de oficio relacionada con los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda (Minvu) de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.
Estos convenios por $426 millones de pesos, suscritos entre la fundación que preside la pareja de la Diputada Catalina Pérez y el ex Seremi del Minvu y ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, Carlos Contreras, tenían como objetivo la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, utilizando recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.
El fiscal a cargo de la investigación será Cristian Aguilar Aranela, fiscal jefe de Antofagasta. Su labor será determinar si los hechos relacionados con estos convenios, que han sido divulgados a través de diversos medios de comunicación, constituyen o no un delito.
Cristian Aguilar, fue el fiscal que estuvo a cargo del llamado “Caso Main”, que concluyó con la condena a 5 años de prisión efectiva de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por el delito de fraude al fisco, tras contratar una asesoría comunicacional para fines personales con recursos de la corporación municipal.
Además, indaga al actual alcalde de la misma ciudad, Jonathan Velásquez, por la utilización de asesoría legal con abogados del municipio para dos procesos judiciales de índole personal.
Una situación que da cuenta de la gran cantidad de trabajo investigativo que han generado en el último tiempo políticos locales al Ministerio Público en Antofagasta.
Como primeras diligencias, el fiscal jefe ordenó a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la Policía de Investigaciones (PDI) que realice las investigaciones correspondientes.
Además, se ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Contraloría Regional y a la Seremía de Vivienda que entreguen todos los antecedentes relacionados con los hechos que serán objeto de investigación.
La apertura de esta investigación surge en un contexto en el que se cuestiona la transparencia en los contratos suscritos entre entidades gubernamentales y fundaciones, poniendo en el centro de atención la relación entre el Minvu, la Fundación Democracia Viva y la diputada Catalina Pérez.
La Fiscalía buscará esclarecer los hechos y determinar si existen irregularidades o delitos en este caso. Se espera que el desarrollo de la investigación arroje luz sobre esta situación y brinde respuestas a la comunidad.