La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha sido requerida para imponer sanciones al alcalde de la ciudad, Jonathan Velázquez Ramírez, por incumplimiento de un fallo judicial previo.
El fallo, con fecha 9 de diciembre de 2022 y confirmado por la Corte Suprema el 21 de abril de 2023, ordenaba a la Municipalidad de Antofagasta establecer un cierre perimetral y un sistema de seguridad en el ex vertedero La Chimba, con el objetivo de evitar que terceros ingresaran al recinto y arrojaran escombros o basura en sus alrededores, que posteriormente se transforman en incendios que causan problemas de salud de la población.
El requerimiento presentado por el abogado Javier Mandaleris Jara, en representación de los vecinos del Comdominio Desierto Florido, ubicado en el sector La Chimba en el norte de Antofagasta, indica que el plazo original para la implementación de estas medidas venció el 7 de junio de 2023. Sin embargo, a pesar de una extensión de 60 días otorgada por la Corte, que venció este domingo 6 de agosto, las obligaciones establecidas en la sentencia aún no se han cumplido.
Mandaleris sostiene que la falta de acción por parte de la municipalidad no solo infringe la decisión de la Corte, sino también las regulaciones sobre rellenos sanitarios, establecidas en el decreto 189 del 5 de enero de 2008. Según el abogado, esta inacción ha tenido graves consecuencias para la salud de los residentes del área, quienes han reportado diversas molestias físicas y perturbaciones en su vida diaria, incluida la interrupción frecuente de clases en escuelas locales.
Suspensión por cuatro meses
Considerando estos antecedentes, el abogado solicita a la Corte de Apelaciones la sanción máxima: la suspensión del alcalde Velázquez Ramírez y/o de los funcionarios responsables por cuatro meses, con goce de media remuneración.
Además, pide que la Corte otorgue un plazo adicional de tres días a la municipalidad para presentar documentos pendientes y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público de Antofagasta para investigar posibles responsabilidades penales relacionadas con el delito de desacato.
El caso pone de manifiesto la tensión entre las obligaciones municipales y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y se espera que la Corte tome una decisión en los próximos días.