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Sábado 5 de Octubre del 2024 12:39

Testigos clave y “Plan 9 papers” marcan etapa decisiva del juicio que puede costarle el cargo y futuro político al alcalde de Antofagasta

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, enfrenta una fase decisiva en el juicio ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por presunta corrupción y abandono de deberes. Este lunes y martes, pruebas clave como los 'Plan 9 Papers' y testimonios cruciales fueron presentados durante la fase probatoria. Velásquez arriesga la destitución del cargo y una prohibición de ocupar cargos públicos durante 5 años, lo que pone en jaque sus aspiraciones políticas independiente de los resultados de las próximas elecciones.

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El proceso de remoción del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, avanza en el Tribunal Electoral Regional (TER), donde enfrenta acusaciones por graves faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Este lunes 23 y martes 24 de septiembre, se desarrolló la etapa probatoria con las declaraciones de más de veinte testigos, algunos de ellos clave en el caso.

Velásquez, quien busca la reelección en las próximas elecciones, arriesga no solo la destitución de su actual cargo, sino también una inhabilitación de 5 años sin poder postular ni ocupar cargos públicos, si el tribunal falla en su contra.

Las acusaciones

El requerimiento fue presentado por siete de los diez concejales de Antofagasta, quienes acusan al alcalde de varias irregularidades, entre ellas:

  • Ilegalidades en el proceso de cierre del ex vertedero “La Chimba”.
  • Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos domiciliarios.
  • Uso de servicios de abogados municipales para fines personales.
  • Abuso en la aplicación de tratos directos en servicios como el barrido de calles.
  • Favores personales a terceros, vulnerando el principio de probidad.
  • Pendientes sin resolver en numerosos sumarios internos.
  • Ilegalidades en la administración de concesiones marítimas.

Una de las pruebas importantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los “Plan 9 Papers”, que incluyen intercambios entre Velásquez y su equipo cercano, en los que se discutían decisiones que comprometerían la transparencia de su administración.

Testimonios y pruebas clave

Durante la jornada del lunes, declararon testigos de la defensa del alcalde, como el jefe de gabinete Diego Yáñez y el asesor jurídico Felipe Guzmán Hurtado, junto a varios funcionarios municipales involucrados. Entre los testimonios destacaron los de funcionarios como el director de aseo Claudio Quiquincha, el director de seguridad Luis Fres, y la directora de DIDECO Yessael Leiva. Sin embargo, una ausencia importante fue la del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro, quien no se presentó a declarar.

El martes, los testigos de la parte denunciante tomaron la palabra. Entre ellos, se escucharon declaraciones clave como la de la directora de Control del municipio cuando ocurrieron las supuestas irregularidades, Cecilia Aqueveque, el ex director jurídico Marco Ascencio Otárola, y el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, además de la concejala Paz Fuica Contreras. La defensa del alcalde no asistió a esta segunda audiencia, lo que llamó la atención en un punto crucial del proceso.

Consecuencias potenciales

Este proceso judicial podría prolongarse más allá del fin del actual periodo del alcalde, que se encuentra pronto a su fin, pero tendría serias implicaciones para su administración en caso de ser reelecto, ya que, al igual que ocurrió con la ex alcaldesa Karen Rojo, Velásquez podría ser destituido aún estando en funciones. En el escenario de no ser reelegido, el fallo igualmente lo inhabilitaría para postular a cualquier otro cargo público durante los próximos cinco años.

El juicio sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas semanas surjan más detalles que podrían definir el futuro político de Jonathan Velásquez. La comunidad de Antofagasta sigue atenta a las decisiones que tomen las autoridades judiciales en un proceso que podría marcar un punto de inflexión en la política local.

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