Justicia condena al Gobierno Regional de Antofagasta por despido injustificado y discriminación a trabajadora

1375890248_intendencia_regional

El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta condenó al Gobierno Regional a pagar una indemnización  total de más de 14 millones de pesos a Katty Mabel Zapata, una profesional que se desempeñaba en el Programa Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), quien  fue desvinculada en abril de 2018 por la única razón de tener una ideología política diferente a la de su empleador y sin justificación relevante, a juicio del tribunal.

En el fallo la jueza Sol López Pérez estableció que existió una vulneración de derechos fundamentales dado que no se justifica el despido, además de una discriminación en contra de la demandante.

Publicidad

Es posible establecer que el programa a la que se encontraba adscrita la actora no fue eliminado, y que en razón de ello, tampoco era necesaria su separación del servicio, pudiendo incluso indicarse, que a la denunciante le asistía la confianza legítima de que se mantendría en sus funciones a lo menos hasta el término del plazo contemplado en la resolución que la designó, esto es hasta el 31 de diciembre del año 2018, concluyendo en consecuencia que la desvinculación efectuada no se ajustó a derecho,” señala el fallo.

La resolución agrega que “queda de manifiesto que la actora no tenía un pensamiento político afín a la actual administración (…) siendo además de ideologías políticas diferentes el nuevo gobierno al gobierno saliente, es altamente probable que la salida de la denunciante haya sido motivada por razones de discriminación de esa naturaleza (…) por lo que habiendo quedado establecido que no fueron reales los motivos invocados para el término anticipado de la contrata de la actora, sólo queda por deducir que fue discriminada por razones de diferencias políticas“.

El tribunal resolvió que “la desvinculación efectuada se produjo con vulneración de las garantías dispuestas en el artículo 19 N°1 y 16 de la Constitución Política de la República, como asimismo, infracción al artículo 2 del Código del Trabajo”; por lo cual ordenó al Gobierno Regional pagar la suma de $1.343.667.- por indemnización sustitutiva previo; $4.031.001.- por indemnización por tres años de servicios, $1.209.300.- por recargo legal del 30% conforme letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo y la suma de $8.062.200.- por concepto de seis remuneraciones conforme el artículo 489 del Código del Trabajo.