La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 8 militares (R.) por el homicidio calificado a 26 victimas durante el paso de la Caravana de la Muerte por Calama el 19 de octubre de 1973 en el sector de “Topater”.

En una decisión unánime tomada el 18 de mayo, el tribunal decidió procesar a los militares en retiro Pedro Espinoza Bravo y a Juan Cheminelli Fullerton a la pena única de presidio perpetuo.

Mientras que Oscar Figueroa Martínez deberá cumplir 16 años de presidio, Luis Polanco Gallardo y Emilio Robert de la Mahotiere González tendrán que cumplir 12 años de presidio por ser cómplices del delito.

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Por otro lado, Carlos Langer von Furstenberg, Hernán Romulo Núñez y Victor Santander Véliz, también militares en retiro, deberán cumplir 15 años por el delito de homicidio reiterado calificado. En cambio, Álvaro Romero Reyes fue absuelto.

En lo que concierne a los familiares de las víctimas, serán indemnizado por el Estado de Chile por la cantidad entre $10.000.000 y $60.000.000 por las muertes de Mario Argüelles Toro, Carlos Escobedo Cariz, Luis Hernández Neira, Hernán Moreno Villarroel, Fernando Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez Rodríguez, José Saavedra González, Jorge Champallay Choque, Luis Gaona Ochoa, José Hoyos Salazar, Roberto Rojas Alcayaga, Carlos Berger Guralnik, Bernandino Cayo Cayo, Daniel Garrido Muñoz, Domingo Mamani López, Jorge Yueng Rojas, Manuel Hidalgo Rivas, Luis Moreno Villarroel, Sergio Ramírez Espinoza, Víctor Ortega Cuevas, Rosario Muñoz Castillo, Haroldo Cabrera Abarzúa, David Miranda Luna, Rafael Pinera Ibacache, CarlosPiñero Lucero y Milton Muñoz Muñoz.

La Caravana de la Muerte es el nombre con que se conocen los asesinatos de 97 prisioneros políticos, en 16 ciudades de Chile. Comandada por el general Sergio Arellano Stark, esta comitiva salió de Santiago en un helicóptero Puma, con la orden directa de “acelerar los procesos” contra los presos políticos.

En su paso por la ciudad de Calama trasladaron hacia el desierto a 26 personas que ya habían sido sentenciadas por un consejo de guerra, ninguna de ellas condenada a muerte. Sin embargo, en un improvisado paredón, a un costado de la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama, fueron fusilados en cuatro grupos.

El ejército no reconoció los crímenes, a pesar de que expendió los certificados de muerte a sus familiares. Jamás les entregaron los cuerpos. Recién en 1990, debido a la búsqueda incesante que los familiares habían comenzado por el desierto, hallaron restos humanos correspondientes a los fusilados por la Caravana de la Muerte. En el lugar donde se encontraron sus restos actualmente se erige un memorial.