La Fiscalía Local de Calama, logró obtener una condena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, contra José Andrés Cuevas Meliñir, de nacionalidad chilena y 36 años, quien fue declarado culpable ante el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de la ciudad, por su autoría en el delito consumado de tortura, hecho perpetrado durante la madrugada del 18 de abril del 2020.
Además, el acusado recibió las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer derechos políticos y postular a cargos u oficios públicos por el tiempo que transcurra dicha condena.
Mientras que el TOP a su vez decretó la absolución, por falta de acreditación, de los efectivos Ernesto Pinto Ponce, Miguel Antonio Martínez Díaz, Konrad Alexander Lahr Varela y Mauricio Esteban Zamorano Marambio, como autores consumados del mismo delito.
Cabe señalar, que en la investigación del caso, dirigida por el Fiscal Jefe, Cristian Aliaga Ayarza, en colaboración de personal de Carabineros en la flagrancia y PDI durante diligencias posteriores, se pudo acreditar el ilícito gracias a testimonios y a la presentación de pruebas documentales y periciales, entre otros. Asimismo, el fiscal destacó el testimonio del Servicio Médico Legal, SML, donde el doctor Héctor Navarro Cruz, acreditó las torturas a través del Protocolo de Estambul.
LOS HECHOS
De acuerdo a lo acreditado en el juicio por el Fiscal Jefe, tras una investigación solicitada por el Ministerio Público de Calama, se comprobó que el 17 de abril de 2020, entre las 22:30 y 23:30 horas aproximadamente y en medio del Estado de Excepción que regía en todo el país con motivo de la crisis sanitaria por Covid-19, la patrulla del Ejército de Chile a cargo del comandante de escuadra de la Primera Sección de Calama M.E.Z.M. y conformada además por diversos funcionarios militares, entre ellos, el acusado, detuvieron a ocho civiles y los subieron a la fuerza a un camión militar, donde los obligaron a arrodillarse en el suelo del vehículo, debiendo tener las manos sobre sus cabezas y a mirar hacia el piso, siendo trasladados a la Primera Comisaría de Calama. Durante el trayecto, los civiles fueron amenazados con golpes si no cumplían las órdenes.
Al llegar a dicha Comisaría, el policía a cargo del procedimiento, ordenó que fueran a constatar lesiones. Para ello, el imputado, conductor del vehículo militar, acató la instrucción de cumplir con la diligencia de llevar a los detenidos al Hospital Carlos Cisternas de Calama y luego “dejarlos por ahí”.
Sin embargo, tras constatar lesiones, los dejó abandonados en un sector indeterminado, ubicado a 25 minutos de Calama, en la ruta que une la ciudad con el Poblado de Chiu-Chiu, en donde se desvió unos 600 metros hacia el interior del desierto.
Al detenerse el camión, los funcionarios de la patrulla, por orden del acusado, desembarcaron forzadamente a los civiles, instante en que éste les advirtió a los detenidos que tenía tiros en su arma de servicio, para inmediatamente contar los tiempos e instarlos a huir, mientras simulaba la preparación de su arma de fuego. En ese momento, los detenidos, asustados por la amenaza, salieron corriendo del lugar en diversas direcciones.
Finalmente, el personal militar abordó el camión y se retiró del lugar rumbo a la Primera Comisaría de Calama, dejando abandonados a los detenidos durante la noche en el desierto.