Este viernes, el presidente legítimo de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido luego que el Senado de ese país realizara un fugaz juicio político, culpándolo por un enfrentamientos entre militares y campesinos, que terminó con 17 muertos.
Un total de 39 de 43 senadores lo consideraron culpable en un juicio que, además de rápido fue inesperado, y en donde se adujo como razón el “mal desempeño de sus funciones”
Al concoerse la noticia, miles de manifestantes, que apoyan al presidente, mantuvieron enfrentamientos con fuerzas de Seguridad, en la capital del país guaraní.
Importante parte de la comunidad internacional, han calificado esta disposición como un golpe de Estado en contra del presidente, por lo que respaldan a los ciudadanos han ejercido su derecho a manifestarse en las calles para rechazar la acción del Congreso, que han sido reprimidos brutalmente por la policía, reportándose incluso se escucharon disparos de armas de fuego.
Luego de realizada la votación en el congreso, y ante su gabinete ministerial y el grupo de abogados de defensa que participó en el imprevisto juicio contra el presidente, Lugo aseveró que, “el golpe de Estado no fue solo en su contra, sino en contra de la historia y la democracia paraguaya”.
Los enfrentamientos que originaron la acusación contra Lugo, tienen su génesis en un conflicto de tierras, dado que grandes terratenientes afines a la derecha paraguaya, son propietarios de los terrenos que fueron tomados por los campesinos asesinados por la policía.
A pesar de que el Gobierno del Presidente Luego era partidario de realizar una reforma agraria para devolver sus tierras a los campesinos afectados, fue a él a quien culpo gran parte de la clase política, en especial el conservador Partido Colorado.
Tras este hecho, el poder recayó en el vicepresidente Federico Franco, afin a los golpistas.
