El fiscal Carlos Lillo Adao, obtuvo una sentencia de condena en contra de dos carabineros a quienes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, encontró culpables de un delito de tormentos o apremios ilegítimos en contra de un adolescente colocolino que festejaba el campeonato de su Club en la Plaza Sotomayor y que resultó detenido en el marco de unos desórdenes que se registraron en el lugar.

Se trata de un teniente, Luis Arias Arellano y un carabinero, Julián Minio Morales, quienes recibieron condenas de 3 años de presidio menor en su grado medio, y 541 días de presidio menor en su grado medio, respectivamente. Además ambos fueron condenados a las penas de suspensión de cargo u oficio público, durante el tiempo de la condena y a pagar las costas del juicio.

Atendido que reunían los requisitos que dispone la ley, se le suspendieron las penas privativas de libertad por la de remisión condicional de la pena, quedando sujetos al control de la Sección Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería.

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Los hechos por los que acusó el Fiscal Carlos Lillo, dan cuenta que los mismos se verificaron el día 13 de abril de 2014 en circunstancias que la víctima R.S.L., de 17 años fue detenido por Carabineros por supuesta participación en desórdenes en la vía pública, mientras un grupo de seguidores de Colo-Colo festejaba el campeonato obtenido por ese club. La víctima fue trasladado esposado en un vehículo institucional hasta el Hospital Regional, para una procedimiento de constatación de lesiones, tanto en el trayecto como al llegar al Hospital el joven fue objeto de malos tratos y agresiones y ante sus protestas le indicaron que “se quedara tranquilo ya que en la Comisaría le iba a ir peor”.

Mientras esperaba la constatación de lesiones y cuando se encontraba en el suelo nuevamente fue golpeado. Luego fue trasladado hasta el box de atención, donde en un momento que quedó sólo y mientras estaba esposado, recibió un golpe de puño en el rostro que le fracturó la nariz.

A raíz de las agresiones recibidas el joven debió quedar hospitalizado solo pudo ser visitado por su padre atendida una gestión de la doctora que lo atendió en el Hospital.

Por estos mismos hechos el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó querella, mientras que el padre del menor concurrió al juicio con una acusación particular.

Durante el juicio los acusadores presentaron prueba testimonial, documental, pericial y material consistente en documentos y fotografías que dan cuenta de los hechos.

El padre del menor declaró que interiorizado de los hechos se dirigió al Hospital Regional, donde habló con el teniente Arias, quién le aseguró que no podría ver a su hijo en el Hospital, que el menor le sería entregado en la Tercera Comisaría, explicó que no puso en duda la versión del oficial, ya que tiene el mayor respeto por la institución y que en todo momento creyó en lo que le decía el oficial. Agregó que posteriormente,  enterado de los hechos se entrevistó con el Jefe de Zona, el Prefecto y el comisario de la época y que los tres le aseguraron que habría un sumario interno justo y que si los efectivos eran encontrados responsables, recibirían justa sanción.

Recordó que hubo una primera investigación que encontró culpable a los dos efectivos, pero que estos apelaron, luego hubo cambio de mando y en la segunda investigación fueron sobreseídos.

El tribunal después de valorar la abundante prueba presentada por el fiscal  y los demás acusadores  y en decisión unánime dio por acreditados tanto los delitos por los cuales se acusó como la participación que en los mismos correspondió a ambos policías.