Cerca de 2.600 millones pagará la Sociedad Química y Minera de Chile para obtener una salida alternativa al juicio oral por los casos de financiamiento ilegal de la política y pretendiendo así retribuir lo recibido en beneficios tributarios.
Cabe destacar que en la cifra mencionada se incluyen multas como también considera aportes a fundaciones de beneficencia.
Esta pago se debería concretar en enero del próximo año, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal Pablo Gómez dará a conocer el acuerdo con SQM para la suspensión condicional del procedimiento que evitará a la compañía ser juzgada e ir a juicio oral como personalidad jurídica por el financiamiento ilegal de las actividades políticas.
Según lo señalado por el fiscal Gómez “el dinero desembolsado es superior a la multa que podría haber recibido la empresa, que no podía exceder los 400 millones de pesos, y viene a resarcir lo que perdió el fisco con este caso de financiamiento ilegal de la política, que se calculó en cerca de 1.500 millones de pesos.”
Además entregó otro dato interesante: la ley que se invoca para castigar este delito, el cohecho, dice que cada empresa tendría que tener un plan de prevención pro probidad, el cual sí tenía SQM. Si bien fue deficiente, su existencia era una atenuante en un eventual juicio oral, lo que abría la opción de que la minera no metálica fuera absuelta.
Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes señala que las sanciones no sólo pueden ser multas, ya que la empresa podría haber sido disuelta como personalidad jurídica.
