Con orgullo informaban medios españoles durante el año 2012 que la empresa Sacyr, presidida por el multimillonario español Manuel Manrique, se había adjudicado la licitación para la construcción y mantenimiento del nuevo Hospital Regional de Antofagasta.
Una decisión no exenta de polémica, por cuanto un consorcio privado recibiría 264 millones de dólares por parte del estado chileno para asumir la responsabilidad de construir un nuevo centro de salud, ante las precarias condiciones del actual recinto hospitalario.
El contrato contempla la edificación y posterior explotación de todos los elementos no clínicos de apoyo del complejo hospitalario, incluida la provisión, reposición y mantenimiento del equipamiento médico durante 15 años.
Por parte del gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, todo fueron celebraciones, sin embargo también surgieron voces críticas, en especial desde los funcionarios y usuarios, que apuntan directamente a que con el modelo de concesiones los gobiernos se deslindan de sus responsabilidades y el servicio prestado por las empresas que se adjudican los contratos no siempre se ajusta a lo prometido en los proyectos, citando como ejemplo la situación en las autopistas concesionadas.
Años más tarde, es precisamente la empresa Sacyr la que cae en la bolsa de valores de España tras ser sindicada como la principal responsable del colapso sufrido en Santiago durante el fin de semana pasado.
El propio Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, acusó que pese a las advertencias, no se adoptaron las medidas preventivas en las obras viales que se ejecutan en Costanera Norte, lo que originó el desborde del río Mapocho y la posterior inundación que afectó al sector de Providencia, causando millonarias pérdidas y el fallecimiento de dos personas.
“Aquí hay una obra de una empresa que está interviniendo el cauce del río, que es Costanera Norte. Nosotros estuvimos acá, antes del sistema frontal, advirtiéndoles de que se venía el sistema frontal para que adoptaran las medidas y aquí estamos viendo que el agua salió por los túneles que no estaban bien tapados“, sostuvo Orrego.
La empresa encargada de estas obras en Costanera Norte: Sacyr. La misma que tendrá en sus manos la salud de los vecinos de Antofagasta, por cuanto controla en un 70 % la Sociedad Concesionaria Siglo XXI, empresa encargada de la construcción y explotación de la concesión del Hospital de Antofagasta. El 30% restante de la sociedad fue vendido por Sacyr a Dominion, del Grupo Cie Automotive, por 7,9 millones de euros.
FRACASOS DE LAS CONCESIONES
Más allá de la visión optimista sobre la gestión privada que presentan algunos políticos y autoridades, así como las promesas de excelencia y altos estándares que promete cada una de las empresas, Antofagasta ya presenta un largo historial en el cual el modelo de las concesiones no ha dado los resultados esperados.
Es el caso de lo ocurrido con la empresa Casino, que se había adjudicado durante la administración de Daniel Adaro un contrato para asumir la recolección de la basura domiciliaria en la capital regional. Sin embargo, problemas administrativos de la empresa concluyeron con que ésta no cumpliera sus obligaciones desatando una crisis sanitaria de proporciones en la ciudad, que se vio repleta con toneladas de basura al verse interrumpida la recolección de los residuos.
Situación similar aconteció con las áreas verdes de Antofagasta durante el presente año, luego que la empresa Global Services no cumpliera con sus obligaciones, obligando al municipio a volver a adjudicar el contrato, esta vez a la empresa Paisajismo Cordillera. En el intertanto, las áreas verdes simplemente se secaron.
Tanto lo sucedido en Santiago como los casos de Antofagasta vinculados al régimen privado de concesiones, presentan el mismo denominador común. Cuando se trata de fallos en obras concesionadas, las autoridades o bien permanecen indiferentes o bien se ven con las manos virtualmente atadas, ya que su rol se ve limitado únicamente a fiscalizar y multar.
Así, mientras que al fracasar una obra pública ejecutada por el estado la ciudadanía puede castigar directamente a las autoridades responsables, en el caso de las concesiones a privados los vecinos se ven igualmente afectados en caso de fallos, pero las autoridades de turno pueden desligarse responsabilizando a las empresas mandatarias, que por lo general no tienen inconvenientes para revertir sumarios o pagar multas, mientras que en caso contrario también pueden declararse en quiebra para no asumir sus responsabilidades por eventuales incumplimientos, como ya ha pasado en diversas obras emblemáticas de la región.
¿Qué pasaría si una negligencia empresarial similar a la ocurrida en Santiago con el desborde del río Mapocho o en Antofagasta con la basura y las áreas verdes, se repitiera en el nuevo Hospital Regional? Resulta imposible calcular las consecuencias, más allá de que en el ámbito de la salud cualquier fallo -por mínimo que sea- podría derivar en una situación catastrófica. Una situación donde no existiría sumario ni multa que valga.
