La historia de la Escuela Santa María se repite en Sudáfrica

Advertencia: El contenido del video presente en esta nota contiene violencia explícita y puede herir la susceptibilidad del lector.

Una empresa multinacional que extrae riquezas a bajo costo y pagando bajos salarios en comparación a sus utilidades. Trabajadores que se movilizan exigiendo mejores condiciones laborales. La policía interviene en contra de la huelga, que la empresa y autoridades gubernamentales califican de “ilegal”.

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Así se originó a grandes rasgos la Masacre de Marikana, que costó 34 vidas humanas, según cifras entregadas por Riah Phiyega, comisionado de la policía de ese país.

Más de tres mil mineros tomaron la decisión de paralizar sus actividades y exigir un aumento de sus salarios -que van entre los 200 y 500 dólares-  para exigir 1.500 dólares mensuales, sin embargo la negativa de la compañía británica Lonmin, tercera productora mundial de platino, suscitó una escalada de violencia que se vio aumentada ante la rivalidad de dos sindicatos mineros, uno ligado al partido de gobierno que llamaba a regresar al trabajo y otro que llamaba a mantener la huelga.

Durante el jueves, la sangre de los mineros terminó regando la aridez del suelo donde los trabajadores extraían platino y que ya habían llorado la muerte de 10 obreros en los días anteriores. Hasta una colina de la localidad de Marikana, ubicada 100 kilómetros al noroeste de la capital Johannesburgo, llegó la policía militarizada. “Los manifestantes armados se acercaron a la policía“, relató el vocero de la policía. “Ellos fueron repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Sin embargo, cuando hubo disparos, la policía utilizó la fuerza máxima“.

A esta opinión se sumó el Presidente de esa nación africana, Jacob Zuma, quien se mostró “horrorizado” por esta tragedia pero evitó culpar a la policía,  señalando que “no es momento de apuntar con el dedo a nadie“, aunque anunció la creación de una comisión investigadora.

Por su parte los líderes de la Asociación de Trabajadores Mineros y Sindicato de la Construcción (AMCU, por sus siglas en inglés), que representa a la mayoría de los obreros en huelga, acusó a la policía por la masacre. “No había necesidad alguna de que esta gente muriera de esta manera“, dijo a Reuters el secretario general Jeffrey Mphahlele.

Después de la masacre, Lonmin publicó en su web oficial un comunicado en el que su presidente, Roger Phillimore, dice estar “tratando el desarrollo de los acontecimientos sobre las operaciones de la policía con la mayor seriedad“.

En su particular mirada a esta situación, asegura rechazar la pérdida de vidas “en lo que es claramente un problema de orden público más que un conflicto sobre relaciones laborales“. Además llaman a los mineros a retornar al trabajo.

La editorial de Sowetan, el periódico de mayor circulación de ese país, resumió brevemente la situación:  “Esto ocurrió antes en este país donde el régimen del Apartheid trató a la gente negra como objetos“, dijo el diario, nombrado en homenaje al mayor municipio negro de Sudáfrica. “Ahora eso continúa bajo una forma distinta“, sostuvo.

Ayer, entre las chozas de madera, unas cien mujeres denunciaban la violencia policial, con los mismos cantos y danzas usados en los años 90 contra el régimen del Apartheid: “La policía vino aquí para matar a nuestros maridos, a nuestros hermanos. ¡A nuestros hijos!“, clamaba una de ellas, Nokuselo Mciteni, de 42 años.