Universidad de Mar: Un ejemplo de crisis del mercado en la educación superior

Los estudiantes de la Universidad del Mar Sede Antofagasta votaron por plegarse a las movilizaciones.

Sindicato de trabajadores de la Universidad, apelan por mantenerse vigentes como organismo educativo a pesar de la exhaustiva auditoria gubernamental.

Incertidumbre existe entre estudiantes y funcionarios de la Sede Antofagasta de la Universidad del Mar, luego que El Ministerio de educación dictaminara una auditoría financiera y académica a la casa de estudios, tras las denuncias que realizó el saliente rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia, como justificación a su renuncia debido a las anomalías en el el movimiento de fondos dentro de la institución.

Frente a  las irregularidades, el Ministro de Educación, Harold Beyer, anunció no descartar el reconocimiento oficial de la sede, crisis que podría afectar a más de 4 mil funcionarios y 22 mil estudiantes de todo el País. Sin embargo, acotó que las sanciones serán para el organismo, y no así, para los estudiantes de ésta, lo que genera una esperanza para que la intervención estatal no signifique el cierre del plantel, a pesar del riesgo que existe en perder el reconocimiento oficial de la Universidad.

Según las declaraciones del presidente del sindicato de trabajadores de la sede Antofagasta, Luis Humberto Toledo, “la principal preocupación es el mantenimiento de la corporación, ya que significa la pérdida de la fuente de trabajo de 4 mil familias, y del futuro incierto de 22 mil estudiantes, por lo que apelamos a que la sanción no sea represiva, sino  correctiva y constructiva”.

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En la sede Antofagasta, son 1100 los alumnos que corren el riesgo de ser víctimas del funcionamiento del mercado en la educación. De esta manera, lo que preveían los dirigentes estudiantiles y que enfatizaron durante el movimiento del año pasado, reinstala demanda de fin al lucro.

Una de las principales irregularidades en el caso de la Universidad del Mar, fue el no cumplimiento en pagos de sueldos del personal administrativo y docente por la suma de más de $250 millones, sin considerar el pago de cotizaciones. Además, se pagaron más de $600 millones a los dueños de la institución de forma directa e indirecta a través de inmobiliarias, en las cuales algunos de ellos mismos, son dueños.