Corte de Antofagasta decidirá el destino del pueblito de Totoral

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Fotografía: Reducetuhuella.org

Luego de 8 horas de alegatos, en los que intervinieron más de 10 abogados, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisó los diversos recursos de protección interpuestos por las comunidades afectadas por la aprobada Termoeléctrica Castilla.

Si bien, el procedimiento habitual supone un pronunciamiento inmediato, los jueces decidieron someter a estudio los antecedentes presentados durante 30 días, luego de los cuales se reunirán a deliberar y a adoptar el acuerdo correspondiente, es decir, la resolución definitiva de la corte tardará al menos seis semanas.

Alvaro Toro, abogado de OLCA y representante de la Junta de Vecinos de Totoral y de la Mesa Social de Copiapó, sostuvo que es muy significativo que las y los habitantes del pueblito de Totoral y de Copiapó, hayan viajado toda una noche en bus para acompañar en las afueras del edificio los alegatos, junto a estudiantes de la Universidad de Antofagasta y de otras organizaciones sociales.

Toro está optimista del proceso abierto y piensa que en virtud de los argumentos jurídicos presentados es dable esperar un fallo favorable a las comunidades afectadas.

Termoeléctrica Castilla es el proyecto energético a carbón, más grande de Latinoamérica, y pertenece a la transnacional CGX, del multimillonario brasilero Eike Batista. Esta empresa, en un hecho inédito para la historia ambiental chilena, luego de que la Seremi de Salud de Copiapó calificara ambientalmente como “contaminante” su emprendimiento, esperó el cambio de autoridad de la repartición pública, para reingresar los mismos antecedentes y pedir una nueva calificación ambiental, la que de la mano del ginecólogo Nicolás Baeza, después de dos meses en el cargo, fue cambiada a “molesta”, calificación que permite la construcción del proyecto. Nicolás Baeza al cabo de 4 meses renunció a la Seremi.

Es por ello que los dardos de la comunidad se dirigen a este modo de proceder que burla el espíritu de la ley. “El accionar del señor Baeza que permitió que una misma autoridad, en este caso el Seremi de Salud, ejerciera una y otra vez una misma actuación a solicitud del interesado disconforme, puede llevar las cosas hasta el absurdo de permitir al peticionario descontento a usar indefinidamente este mecanismo. Ese no es el sentido ni el espíritu de la solicitud regulada en el artículo 53 y siguientes  de la Ley 19.880”, sostuvo el abogado Toro en su alegato.

Las y los totoralinos se manifestaron conformes con lo acontecido y ahora quedan a la espera del pronunciamiento oficial de la justicia chilena, la misma que ya falló una vez a favor de la comunidad afectada y contra las pretensiones de CGX.