Son dos formas de ver el país. Una, pide resguardo a la propiedad privada y mas presencia policial para combatir al pueblo mapuche, al que tildan de “terrorista”. La otra, quiere que derechos sociales como la salud y la educación no sean considerados el bien de consumo en que los convirtió el modelo de mercado extremo impuesto al país en dictadura.
En la marcha estudiantil, participaron más de 80 mil jóvenes, quienes según apuntó Valentina Saavedra, presidenta de la Federación Estudiantes de la U. de Chile, consideran que se perdió el foco principal de la discusión sobre educación, que es realizar una transformación estructural en el sistema, y no solamente financiar a las instituciones de educación públicas y privadas.
Manifestaciones similares se realizaron en la mayor parte del país, revelando que los anhelos de cambios estructurales no solamente en educación, sino que también en otras áreas como salud o vivienda son vigentes y compartidos por la mayor parte de la población, cansada del experimento de los economistas de Chicago en los años 80, reduciendo el papel del estado y propiciando que incluso el sistema de pensiones quedará en manos de la bolsa, mediante las AFP.
Estos anhelos de cambio, sin embargo, chocan desde el inicio de la transición democrática con la tenaz oposición de los sectores más conservadores, los beneficiarios de las privatizaciones del pinochetismo y la derecha política.
Los mismos que el año 2011 avalaron golpizas y represión contra los estudiantes acusándolos de “alterar el orden público” por manifestarse a pie con batucadas y pancartas, son los que ahora junto a empresarios del transporte promueven bloqueos de rutas y alteración del orden público con vehículos de alto tonelaje.
Es así como figuras emblemáticas de la derecha chilena respaldaron al grupo de transportistas que protagonizaron bloqueos en diversos puntos de las rutas 5 y 68 ocasionando un kilométrico atochamiento vehicular.
A los empresarios se sumaron latifundistas de La Araucanía, quienes protagonizaron enfrentamientos con defensores de la causa mapuche.
Más allá del apoyo de simpatizantes de derecha, la caravana de camiones despertó también el rechazo de amplios sectores ciudadanos, mientras que el Gobierno les instó a manifestarse libremente a pie como lo hacen la mayor parte de los trabajadores y estudiantes del país, “Las personas marchan, no los camiones”, indicaron.
Los transportistas insisten en llegar a La Moneda, al punto que el vicepresidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), José Villagrán, aseguró que “Si el Gobierno nos sigue buscando el odio, vamos a parar el país. La manifestación se va a cambiar por un paro nacional”.
Por su parte, el Ministro Burgos agregó que desea reiterar “la decisión y la voluntad del gobierno de escuchar a los camioneros del sur que han venido a esta caravana para manifestar su dolor, su molestia, su indignación por los delitos que han afectado su trabajo”.
