Ad portas de ser aprobada en comisión mixta la nueva Ley de Antenas que buscaría reducir la instalación de antenas de telefonía celular en lugares saturados, y cerca de colegios, consultorios, hogares de ancianos, entre otros, surgen críticas tanto desde el gremio de operadores celulares, como del gobierno y la oposición.
El proyecto de ley tiene un propósito claro: la reducción en la cantidad de antenas ya instaladas en lugares saturados por medio de la coubicación, esto quiere decir que en una misma estructura deberán instalarse las antenas de las distintas compañías prestadoras de servicios de telefonía celular.
Es en este punto donde surgen las mayores controversias. Por un lado, las empresas advierten que con las nuevas disposiciones se vería incrementado el costo de operación de los servicios móviles, ya que readecuar las redes produciría un impacto en el precio al usuario final, negándose de esta forma a asumir los costos por medio de los millonarios excedentes que año a año obtienen estas empresas. De tal modo que el gremio de operadores celulares abogan por la irretroactividad de esta ley.
Por su parte, el diputado del PRSD, Fernando Meza, señala que el efecto retroactivo que pueda tener esta ley serviría para mitigar el daño ya causado a la población. La idea de la coubicación es que rija para las torres ya existentes con el objeto de disminuir su cantidad y despejar lugares que se encuentran plagados por estas.
Señaló, además, que debemos pensar en los vecinos que claman por una ley, porque mientras nos ponemos de acuerdo, las empresas se aprovechan del vacío legal y siguen apareciendo torres por doquier. Añadió que si bien las empresas alegan por derechos adquiridos, los parlamentarios no deben olvidar que están legislando en favor de la ciudadanía y no de los empresarios, sentenció Meza.
Sin embargo, la acusación más preocupante es la que realizó el diputado del PPD, Patricio Hales, quien señaló que “están a punto de aprobarse peligrosas disposiciones en la nueva Ley de Antenas que mantienen el daño causado”, y que incluso “permiten aumentar antenas en zonas saturadas y también colegios, salas cunas y hospitales”
Patricio Hales apuntó sus dardos al ejecutivo, señalando que “el gobierno llevó al Senado un conjunto de indicaciones que debilitaron las obligaciones de retiro de antenas y colocalización (coubicación) que contenía el proyecto”, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados casi por unanimidad en enero de 2010.
Aclaró que “lo que hoy está por aprobarse, de no aceptarse nuestras propuestas, elimina la orden que obligaba a las empresas a retirar antenas en las zonas saturadas”.
En definitiva, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados en 2010 y que se encontraba en el Senado para su votación, fue a dar a una comisión mixta, donde se le agregaron algunas disposiciones que no solo no obliga a las empresas a retirar antenas en lugares saturados, sino que permite que en esos mismos lugares se pueda seguir instalando este tipo de torres.
Si esta ley no mejora el caos existente en esta materia, ni tampoco hace un esfuerzo por mejorar la calidad de vida, la salud y el medio ambiente de los chilenos “no habrá otra oportunidad, ante de muchos años, para corregir lo que hoy se haga mal”, sentenció el parlamentario.
