“Es una manera fraudulenta de traspasar gratis yacimientos a privados”

Desde el Comité de Defensa del Cobre indicaron que los acuerdos para exploraciones mineras firmados por Codelco son otra estrategia para perjudicar el patrimonio de la minera estatal. En esa línea, el diputado PRSD, Marcos Espinosa, teme que se llegue a un perjuicio tal que ya no sea conveniente que la empresa continuara en manos del Estado.

Las asociaciones entre la Codelco con Antofagasta Minerals de propiedad del grupo Luksic y con el empresario brasileño ligado a la instalación de la polémica termoeléctrica Castilla, Eike Batista, reflotaron las sospechas sobre nuevos intentos de privatización de la minera estatal.

Y es que ambos convenios estipulan que las compañías privadas correrán con los gastos de exploración de yacimientos que hoy pertenecen a Codelco y que, una vez encontrado el potencial de explotación, éstas se quedarán con un 51 por ciento de la propiedad en caso de descubrir materiales como hierro y con un 49 por ciento de encontrarse metal rojo.

Según explicaron desde el directorio de la Corporación, esta fórmula es utilizada tradicionalmente en terrenos que son de menor escala desde el punto de vista de su extensión y de su potencial de explotación.

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Sin embargo, el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, afirmó que esto consiste en una entrega ilegítima del patrimonio de la cuprífera estatal a los privados.

“El pretexto es que las empresas extranjeras y privadas aporten algunos millones de dólares para la exploración de yacimientos y con eso se quedan con la mayoría del capital de la sociedad que se forma. Esta es una manera fraudulenta de traspasar gratuitamente yacimientos de Codelco a empresas extranjeras”, indicó el economista.

Pese a que en 1976 se dictó una reforma constitucional que prohíbe vender los terrenos mineros que pertenecen a Codelco, en 1992 se aprobó la ley 19.137 que permitió la entrega del mineral El Abra en 1994 y Quebrada Blanca a empresas extranjeras.

A juicio de Alcayaga, estos mecanismos tampoco tendrían asidero financiero, ya que durante 2011 Codelco reportó el tercer mejor resultado de su historia con excedentes que superaron los 7 mil millones de dólares, un 21 por ciento más que el año anterior, influido por el precio del metal en el mercado internacional.

En esa línea, Alcayaga señaló que tanto estos convenios como el acuerdo de financiamiento que permitiría a Codelco adquirir la ex Disputada de Las Condes, mediante el endeudamiento con la compañía japonesa Mitsui, son sólo instrumentos que actúan en detrimento de la minera estatal.

“Lo que han decidido es destruir Codelco desde adentro con el traspaso de los yacimientos mineros, endeudando a la firma y manteniéndola en negocios inútiles como los de exploraciones en Ecuador y en Brasil que no tienen ningún sentido. Esto trae graves daños financieros”, sostuvo.

Por lo mismo, el diputado radical integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Marcos Espinosa, se mostró preocupado por este escenario que, en el futuro, podría significar la desvalorización de la empresa a un punto tal que ya no sea conveniente mantenerla en manos del Estado.

“Tenemos la convicción de que tenemos que cuidar la estructura de propiedad estatal de Codelco. Pero si se insiste en este tipo de convenios, al final del camino lo que estamos haciendo es entregar parte de los activos de Codelco a las empresas mineras privadas y puede llegar un momento determinado en que el patrimonio se vea afectado de tal forma a que ya sea totalmente irrelevante cuidar la estructura estatal de la empresa”, afirmó el legislador.

El parlamentario aseguró que la comisión investigadora está solicitando todos los antecedentes sobre estos acuerdos y que, de confirmarse perjuicios para el patrimonio de la minera estatal, se analizarán sanciones que responsabilicen al gobierno corporativo de la cuprífera que, además, está compuesto en su mayoría por ex ejecutivos del sector privado.

La instancia legislativa buscará también determinar si existen fórmulas para que la compañía pueda invertir parte de sus propias utilidades en este tipo de proyectos sin recurrir a otras firmas ni a financiamiento externo. Todo, teniendo en cuenta que durante 2009 se aprobó una capitalización para la empresa estatal por cerca de mil millones de dólares.