Chile es uno de los pocos países del mundo en que aún se penaliza a las mujeres cuando deciden interrumpir sus embarazos. El Vaticano, Nicaragua, El Salvador y Malta están entre ellos. Esta medida no ha impedido que cada año sean varias las mujeres que lo practiquen en condiciones que ponen en riesgos sus propias vidas. Es por ello que la presentación de un proyecto de ley que lo despenalice viene a restituir una medida que no era desconocida en nuestra sociedad.
Porque desde mediados de la década del 30 y hasta fines de los 80 del siglo pasado, las mujeres en Chile contaban con una herramienta para interrumpir el embarazo por razones terapéuticas, a fin de detener la alta mortalidad materna de aquella época. Hoy esta medida no existe y el Estado no puede continuar avalando el castigo ejercido en contra de una mujer por no perseverar en un embarazo que la sitúa en una posición extrema.
Tal proyecto, que necesita de un debate informado y libre de prejuicios en el Congreso, aborda tal interrupción sólo en tres causales: cuando la vida de la madre se vea condicionada por un embarazo complicado, en caso de inviabilidad fetal y por violación. El texto entrega amplias facultades a profesionales médicos y legales para asesorar y apoyar a las mujeres en esta difícil decisión. Por cierto que será una opción más, no una obligación, a las alternativas de poner en riesgo sus propias vidas o enfrentar la reclusión. Este proyecto incorpora además asesoramiento en cuanto a programas de apoyo social y económico disponibles.
La maternidad no sólo es un hecho fisiológico sino también una experiencia para las mujeres. Hoy en Chile su potencial reproductivo se observa e incluso se define en base a una ideología patriarcal, con lo cual su potencial reproductivo alcanza un valor cultural importante que justifica que se niegue u obstaculice su autonomía para que puedan tomar sus propias decisiones.
Como Sernam debemos hacer hincapié en la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo para conseguir su pleno acceso a derechos humanos fundamentales como son los derechos sexuales y reproductivos, para seguir reconociéndolas como ciudadanas soberanas, con capacidad plena para decidir sobre sus proyectos de vida. Premisas que están latentes en convenciones internacionales como la Conferencia del Cairo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de 2006 y 2012.
Nuestra Presidenta de la República cumple además con una demanda social de la cual debe hacerse cargo cabalmente el Estado, como garante de los derechos de las personas y del bien común.
