Fue el 29 de diciembre de 2003, durante el gobierno concertacionista de Ricardo Lagos Escobar, cuando la estatal Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta (Essan) cedió por 30 años su derecho de explotación de las concesiones sanitarias a una sociedad privada.
El cambio más obvio y visible para la ciudadanía fue el cambio de nombre. Las boletas de la cuenta del agua -con valores mucho más bajos en ese entonces- no dijeron más Essan, sino que Aguas Antofagasta. Pasarían a ser entes privados quienes se encargarían de explotar el negocio de entregar agua potable a los vecinos de la región.
Mucho se dijo en aquel entonces sobre las supuestas bondades de que el Estado dejara de ser responsable de las sanitarias, más aún en una época donde también se vivía el auge de las concesiones de las autopistas y otros inventos de la transición, como el Crédito con Aval del Estado. Modernidad a crédito que llegaba al país, a cambio de que el Estado cediera a grandes grupos económicos sectores estratégicos, para que fueran los propios contribuyentes quienes terminaran pagando en cuotas, con peajes y alzas en las tarifas de agua potable, lo que en el pasado eran tareas gubernamentales. Brindar educación de calidad, construir carreteras para garantizar la circulación libre y gratuita, permitir el acceso a la población al agua potable y el alcantarillado.
Pasaron los años y lo que parecía ser un buen negocio no lo fue tanto. Entonces, las promesas de responsabilidad social pasaron al olvido. Preocupado por el estado de la red de agua potable, el Grupo Luksic vendió el año 2015 su concesión a la colombiana Empresa Pública de Medellín (EPM), en medio de polémica en el país cafetero donde se acusó que se pagó un sobreprecio por la empresa.
A la postre, los anteriores dueños hicieron lo más sagaz desde el punto de vista comercial. No había pasado un mes, cuando los nuevos dueños de Aguas Antofagasta tuvieron que comenzar a asumir tareas de recambio de cañerías. Los cortes de agua y roturas de matrices son recurrentes en Antofagasta, sin contar las recurrentes críticas que recibe la empresa por la falta de coordinación con los servicios públicos. Ya es casi una tradición en la región que cada calle recién pavimentada, sea “bautizada” por la sanitaria, cambiando alguna vieja cañería.
Pero el golpe de gracia podría venir de la mano del Asbesto, un tóxico mineral que puede provocar serias enfermedades en los pulmones y en otros órganos. Fue la asbestosis lo que enfermó gravemente a Eduardo Miño, quien se quemó a lo bonzo frente al Palacio de La Moneda el año 2001, denunciando la muerte de 300 personas producto de la inhalación de asbesto.
Un mineral cuyo uso en la fabricación de planchas, cañerías o pinturas fue prohibido ese mismo año 2001, pero poco o nada se hizo con los materiales que ya estaban en circulación y que fueron fabricados a base de Asbesto. Entre ellos, una parte muy importante de la red de agua potable de Antofagasta, tal como revela un documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS), fechado el 23 de junio de 2011, el cual indica que ESVAL tiene un 44% de su red de cañerías con asbesto cemento. Aguas Andinas, un 58%, ESSBIO un 30% y Aguas Antofagasta, un 44%.
Coincidentemente con que nuevamente saliera a la luz pública esta información, Empresa Pública de Medellín confirmó su intención de poner a la venta Aguas Antofagasta. La razón esgrimida oficialmente por la empresa es que requieren liquidez para poder continuar con su plan de inversiones en infraestructura en el país cafetero, en concreto un proyecto hidroeléctrico.
Pero otra razón podría ser el querer pasar una papa caliente. Desligarse de una empresa que más allá de presentar utilidades, resultó ser una mala inversión que está rompiéndose a la par de sus viejas matrices y que además podría verse involucrada en un gravísimo conflicto socioambiental teniendo que asumir responsabilidades y compensaciones por la eventual contaminación a la población de Antofagasta con el asbesto presente en sus cañerías.
